Discutiendo una Hoja de Ruta para transformar el Ministerio Público
El 23 de mayo de 2022, Expediente Abierto organizó la presentación pública de “Un Ministerio Público para la Democracia”, un documento inédito que ofrece una guía de puntos claves para orientar el necesario proceso de reformas del Ministerio Público nicaragüense en una eventual transición hacia la democracia del país centroamericano. En la ponencia, Alexander Rodríguez, investigador asociado de Expediente Abierto y abogado consultor internacional con más de 30 años de experiencia, indicó que la ocasión ofrecía una oportunidad para “ir reflexionando acerca de los principales desafíos, y ponernos de acuerdo sobre los ejes principales sobre los cuales debe refundarse el Ministerio Público (MP).”
Al respecto, Rodríguez señaló que debe haber consenso en torno a nueve aspectos: (1) modificar el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto; (2) poner en marcha un proceso de depuración institucional; (3) crear una jurisdicción transnacional; (4) diseñar y aprobar políticas de priorización de casos; (5) crear una Policía Técnica de investigación o Policía Judicial; (6) capacitar fiscales; (7) crear estándares de medición profesional; (8) definir adecuadamente los presupuestos necesarios para la reforma; y (9) establecer mecanismo de relación con la ciudadanía. Además de definirlos en su presentación (puede ver el documento guía aquí), Alexander Rodríguez enfatizó que la aplicación de estas acciones solo puede darse en determinadas condiciones políticas favorables: “esto supone la confluencia de grandes circunstancias, como el desmantelamiento de sistema político represor actual y la voluntad política de las mayorías que opten por un cambio en el Ministerio Público basado en estándares internacionales”.
Al referirse a la necesidad de depurar al sistema judicial, Rodríguez remarcó una recomendación que ha sido enfatizada en distintos procesos de consulta e investigación de Expediente Abierto para estos procesos de reformas institucionales en democracias: hay que apostar por acciones viables y estratégicas. El sistema de justicia no puede ser depurado, señala, con una expulsión irracional de fiscales y jueces, pues se debe seguir el debido proceso. “No se puede enfrentar el abuso de poder, con abuso de poder”. El documento “Apuntes de la Sociedad civil hacia el restablecimiento de la Justicia Penal en Nicaragua”, elaborado en el marco de este programa de trabajo y resultado de consultas a más de cincuenta actores sociales, de forma similar indicaba que “no se puede tener una reforma viable y duradera (del sistema de justicia penal) si se precipitan todos los cambios tan pronto como sea posible y se es radical en las decisiones.”.
Úrsula Indacochea, quien colabora en la Fundación para el Debido Proceso, señaló que es importante cuidar, transversalmente, la participación ciudadana en la reforma del Ministerio Público. Presentó precedentes que podrían ser de utilidad para el caso nicaragüense, como el movimiento de la sociedad civil mexicana “Fiscalía que sirva”, ahora llamado “Colectivo contra la impunidad”. De ese caso pueden retomarse mecanismos ejemplares que contribuyeron a incluir a la ciudadanía, como la elaboración conjunta de políticas de persecución penal, la existencia de Concejos Ciudadanos vinculantes de apoyo al fiscal general, entre otros.
María Asunción Moreno, doctora en derecho, celebró la iniciativa de Expediente Abierto sobre ir diseñando estratégicamente, con tiempo, estas acciones necesarias. Moreno enfatizó que, en la lógica de la justicia transicional, es necesario esclarecer todos los crímenes que se han cometido y que es necesario delimitar la investigación de los hechos sucedidos de 2018 a la fecha. Aclaró que, pese a las posturas de diversos actores sociales y políticos de ampliar la cobertura de la justicia transicional hasta los años 80s, esa aproximación sería mucho más difícil y compleja. Además, reconoció que hay que pensar en un modelo de justicia transicional que no solo tenga como finalidad la búsqueda de la verdad o el enjuiciamiento de culpables, sino que debe plantear una reforma institucional integral que proporcione reconocimiento a las víctimas y que, sobre todo, que incremente y promueva la confianza ciudadana.
La audiencia, compuesta principalmente por periodistas de medios nacionales e internacionales, trajo a colación casos ilustrativos de su cobertura de procesos en el Ministerio Público, y coincidieron en la necesidad de reformar esta institución, y garantizar su despartidización.
Los tres panelistas remarcaron, finalmente, que es urgente tener estas propuestas definidas y que es preciso estar preparados. Acciones como las que llevaron a la elaboración del documento “Un Ministerio Público para la Democracia” garantizan “menos probabilidades de improvisación y menos injusticia” en el futuro.
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