México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
Con miras a contar un ideario básico para la refundación del Ministerio Público, Expediente Abierto propone esta hoja de ruta que, en un eventual retorno de la democracia nicaragüense, debe ser parte de una reforma del sistema de justicia penal en el país.
El 11 de abril, Expediente Abierto organizó el foro “Tiempos de RENACER: Webinar con Expertos” en el que participaron más de treinta y cinco invitados, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, académicos y medios de prensa.
EXPEDIENTE ABIERTO, pone a disposición esta traducción no oficial de la ley, con el objetivo que sea un material de consulta cotidiano para aquellas organizaciones que desean reforzar y mejorar la coordinación de sus acciones de incidencia que puedan contribuir a los esfuerzos por la reapertura democrática en Nicaragua.
Expediente Abierto (EA) considera necesario generar pensamientos y propuestas ante una próxima transición democrática en Nicaragua, la Policía Nacional, como principal cuerpo civil de seguridad, tendrá un papel relevante en dicho proceso de restauración. La sociedad civil, lejos de ser ajena a esas reformas policiales, deberá participar activamente y aspirar, con muchas ideas, a contribuir a la transformación policial.
El presente trabajo establece los hitos en las reformas penales ocurridos en Nicaragua desde el año 2000. Estas reformas son señaladas desde el rango constitucional en cuanto a procesos de designación los funcionarios de las instituciones que dirigen el sistema de justicia penal. Los hitos en el sistema de justicia identificados tienen como consecuencia la necesidad de dotar de contenido a una Hoja de Ruta para promover y avanzar en acciones en eventuales procesos transicionales.
En este documento se detallan los resultados de una investigación
aplicada, cuyo objetivo es determinar la participación del Ejército
de Nicaragua en la represión desatada a partir de la crisis sociopolítica
de 2018. Se identifican, además, los mecanismos a través de
los cuales los militares se habrían involucrado en la violencia estatal y
persecución contra opositores al régimen de Daniel Ortega.
México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
En el caso guatemalteco hay diversas razones que es necesario abordar para comprender el tema del empleo de efectivos militares en labores de seguridad ciudadana: la “reciente historia” de conflicto armado interno, los elevados índices de violencia y una falta de confianza institucional.
Durante años, El Salvador figuró entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Desde entonces, la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. La Fuerza Armada tiene un papel protagónico, y lo seguirá teniendo por un tiempo imprevisible.
