Por: Yarely Madrid / Expediente Público

El pago de hasta diez días de viaje a la República Popular de China a varios funcionarios hondureños hace cuestionar hasta qué punto esto sería un conflicto de intereses para el Estado de Honduras, en el sentido de que por compromiso se tomen decisiones que no sean convenientes o se dejen de señalar actos irregulares en contratos con empresas de esa nación asiática.

Que un estado pague viajes a otro es una práctica en relaciones internacionales, pero para China es una acción estratégica para focalizar personas que toman decisiones en esos países, que les puedan servir después para apoyar el régimen chino en acuerdos comerciales, negocios o en conflictos diplomáticos.

Expediente Público constató a través de la solicitud de información pública SOL-SRE- 666-2023, realizada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que los gastos de estadía de la primera comitiva hondureña que viajó del 22 al 31 de marzo hacia China para establecer relaciones formalmente entre ambos países fueron costeados por el gigante asiático.

La gira de Xiomara Castro (del 9 al 14 de junio de 2023) hacia Beijing junto a 19 personas también fue financiada por China, según informó la misma mandataria días antes de partir.

Presidencia prefiere callar

En otra investigación sobre la inversión de China para que 29 periodistas fueran ese país asiático, Expediente Público estimó que solo los pasajes aéreos habrían tenido un costo de al menos 132 mil dólares.

Los últimos meses igualmente llegaron al país asiático empresarios y tres de diputados del Congreso Nacional de Honduras, uno del Partido Salvador de Honduras y dos del gobernante Libertad y Refundación (Libre).

Expediente Público contactó en varias ocasiones a la directora de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eva Ferrufino, para agendar una entrevista con el canciller hondureño, Enrique Reina, encargado de la relación China y Honduras para hablar sobre estos viajes, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

¿Y el Código de Conducta de los funcionarios?

Honduras no tiene una ninguna ley que regule los viajes diplomáticos. El único documento legal es el “Código de conducta ética del servidor público”.

En el artículo 24 la normativa establece que un funcionario “no debe, directa ni indirectamente, ni para sí, o para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, objetos de valor, favores, viajes, gastos de viaje, promesas u otras ventajas o valores materiales o inmateriales por parte de personas o entidades”, para “acelerar indebidamente o retardar tareas relativas a sus funciones u obviar requisitos exigidos por la Ley, los reglamentos, manuales e instructivos”.

No hay regulación

Graco Pérez, analista hondureño en derecho internacional, dijo a Expediente Público que el hecho de que los viajes de los funcionarios públicos no estén regulados se suma “a que no hay transparencia en los ministerios”.

“No hay (información en) páginas (de las secretarias de Estado) de cómo se está pagando, cuánto cuesta un viaje, en qué lugares se hospedan, cuánto cuesta su traslado a la alimentación y otros gastos de representación”, cuestionó Pérez.

“No hay control porque se pone como pretexto que es un viaje oficial que trae beneficios al país, que es necesario salir a buscar ayuda o por cualquier tipo de relación”, evidenció.

¿Hasta dónde es permisible?

Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales e Historia en Costa Rica, explicó a Expediente Público que existe una “regla de cortesía” que es parte de la política exterior en la que el Estado debe fomentar las relaciones con otros países”.

Entonces, refiere, que son aceptables internacionalmente los viajes pagados por otro Estado, “siempre y cuando no se demuestre que a quien produjo ese viaje se le están concediendo beneficios”.

“La revisión debe ser posterior al viaje y ver el comportamiento del funcionario y si este está respondiendo a ese viaje brindando favores y privilegios que no corresponden, ahí sí debe existir una sanción”, indicó Cascante.

Sin embargo, nada es perfecto y siempre hay riesgos de que el Gobierno de China tenga estas prácticas para comprar favores en los contratos de inversiones que haga en los países con los que tienen relaciones.

De hecho, para China es una práctica normal que se ha visto en diversos países de América Latina con oficiales electos a nivel municipal, regional y nacional.

“Muchas veces un funcionario puede reaccionar más favorablemente hacia un Estado que lo haya invitado, eso digamos es algo factible. Es algo propio de la función diplomática que existan este tipo de invitaciones… es algo que ustedes están viviendo con China, pero lo han vivido antes con Estados Unidos con Israel, con prácticamente todos los países del mundo que tienen ese tipo de esquemas”, evidenció.

¿Cuál es la diferencia con China?

Los viajes diplomáticos tampoco se tienen que satanizar. Pero el problema con China es que, tal como lo establece el experto en temas de China y editor de Análisis Sínico en el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Juan Pablo Cardenal, en su obra “El arte de hacer amigos”, la amistad para el Partido Comunista Chino (PCCh) es siempre política y “tiene significado de relación estratégica, no personal y desinteresada”.

Cardenal menciona la “estrategia de Poder Blando” del PCCh que no es más que la captación de élites en los países latinoamericanos.

Un grupo importante para China son las personas que toman decisiones en los Estados, como los funcionarios públicos y cuando establecen quiénes son, los invitan con todo pagado, los hospedan en hoteles cinco estrellas y les enseñan la “majestuosidad del país”.

“Lo que tratan de conseguir con estos encuentros es cercanía con las personas que toman las decisiones, recabar legitimidades, gestionar amenazas en un contexto mucho más flexible, fomentar e impulsar enmarcamientos con ciudades de los países, y favorecer grupos de amistad chinos en los congresos nacionales”, dijo el entrevistado.

El experto subraya que es común que la clase política latinoamericana vea la relación con Beijing a través de las oportunidades que pueden obtener.

Luego del lado chino “se traduce inevitablemente, en una ausencia casi total de la crítica con respecto a la naturaleza autoritaria del régimen chino, a la violación de los derechos humanos, a los excesos detrás de las inversiones regionales a las condiciones de sus préstamos y a la asimetría en la relación comercial”.

¿EEUU paga viajes a funcionarios de otro Estado?

Expediente Público quiso saber si la política exterior de Xiomara Castro se está basando en ir a otros países con todo pagado por otros gobiernos. En el caso de Estados Unidos una fuente de la Embajada en Honduras, que solicitó se omitiera su nombre, respondió que no es una práctica de la administración de Joe Biden.

“No compramos boletos para nadie que no sea, por ejemplo, alguien seleccionado para participar en un programa de intercambio, pero esto lo hacemos público, anunciamos desde un inicio que todos los gastos van a ser pagados, y buscamos a la sociedad civil o periodistas para participar en diferentes niveles de intercambio”, aclaró la fuente.

“A la presidenta Castro no le estamos comprando boletos para que viaje, ella que yo sepa cuando viaja a los Estados Unidos, siempre viaja en una línea aérea comercial.  Hay varios oficiales (de la embajada estadounidense) que han estado en vuelos de American Airlines saliendo de Palmerola y van con la presidenta en el mismo vuelo, pero esto es pura casualidad”, insistió.

Falta de transparencia

Expediente Público mediante la petición de información pública SOL-PRSD-404-2023 solicitó también a la Presidencia de la República (Casa Presidencial) la documentación sobre los otros viajes de la mandataria a países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina e Italia para saber los costos totales.

Tampoco se recibió respuesta aun después de solicitar a las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) un recurso de revisión, tal como lo establece el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Graco Pérez es del criterio que los ciudadanos hondureños deben de conocer en qué se está gastando en los viajes diplomáticos, sobre todo porque cuando hay falta de transparencia “eso se convierte en corrupción”.

“Existen instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSE), el Consejo Nacional de corrupción (CNA) y el Instituto de Información Pública que deben garantizar que todo ciudadano tenga acceso a esa información”, manifestó.

Obligación de transparentar uso de fondos públicos

Carlos Cascante también es de la opinión que “lo ideal en un sistema de transparencia democrática es que, salvo en casos dedicados a seguridad nacional de alta delicadeza, todos los fondos que utiliza el Estado” deberían ser públicos.

“Cuando un presidente viaja en misión oficial y todo mundo sabe que está viajando en misión oficial, tiene que haber una transparencia democrática de forma tal que cualquier persona interesada pueda saber cómo se gastó ese dinero, quién está acompañado al presidente, de los gastos de las personas que acompañaban al presidente y los resultados del viaje”, señaló Cascante.

Visite el artículo original en Expediente Público

Are Honduran officials’ trips financed by China a conflict of interest?

By Yarely Madrid / Expediente Público

A payment of up to ten days of travel, which was made by the People’s Republic of China to different Honduran officials raises questions about the extent to which these types of payments become conflicts of interest for the Honduran State, particularly regarding decisions that might not be very beneficial for the country but that the government makes due to a prior commitment or irregular movements by companies in China that are not reported in the contracts between the two countries.

A state paying for foreign dignitaries to visit is a practice in international relations, but for China, it is a strategic move that targets decision-makers in other countries who could be useful to the Chinese government in the future by supporting it in trade agreements, business, and diplomatic disputes.

Expediente Público verified, through public information request SOL-SRE-666-2023, made before the Secretariat of Foreign Relations (SRE in Spanish), that the expenditures from the first trip to China by the Honduran delegation, which ran from March 22-31 and established formal diplomatic relations between the two countries, were paid for by the Asian giant.

Xiomara Castro’s trip to Beijing (June 9-14, 2023), where she was joined by 19 other individuals, was paid for by China, according to statements from the president herself in the days prior to her leaving.

According to research by Expediente Público about China’s paying for 29 journalists to travel to the Asian country, the investigative media outlet estimated that airfare alone cost at least 132 thousand USD. In the last few months, there were also businessmen and three congressmen from the National Congress of Honduras: one from the Salvador Party of Honduras and two from the incumbent party, Libertad and Refundación (Libre).

On different occasions, Expediente Público contacted the director of Strategic Communication for the Secretariat of Foreign Relations and International Cooperation, Eva Ferrufino to coordinate an interview with the Honduran chancellor, Enrique Reina, who oversees Honduras-China relations for the country, to discuss these trips; however, there has been no response to date.

What does the Code of Conduct say about these officials?

Honduras does not have a single law that regulates diplomatic trips. The only relevant legal document is the “Ethical Code of Conduct for Public Servants.”

Article 24 establishes that a public official “should not, directly or indirectly, request, accept, or admit money, dividends, benefits, gifts, valuables, favors, trips, travel expenses, pledges, or any other advantages, material or otherwise, from individuals or entities” to “unduly accelerate or delay tasks related to their diplomatic functions or to circumvent legal requirements, regulations, manuals, and instructions.”

There’s no regulation

Graco Pérez, Honduran analyst in international law, told Expediente Público that the fact that travel expenses for public officials are not regulated equivalates to “a lack of transparency at the ministerial level.”

“There is no public information on the web pages of the secretariats of state regarding expenditures, particularly how much trips cost, where officials are staying, and how much hotel transfers to restaurants cost,” Pérez pointed out.

“There is no control over these issues because the pretext is that an official visit to another country is beneficial for Honduras, that it is necessary to seek help or relationships from other countries,” he said.

Where is the line drawn?

Carlos Cascante, specialist in international relations and the history of Costa Rica, explained to Expediente Público that there is a “courtesy rule” that is part of international relations, in which each government should encourage relations with other countries.

In this sense, the “courtesy rule” refers to what is accepted internationally for trip expenses to another country, “provided that whoever carries out the trip is not being granted benefits by another government.”

“A review should take place following the trip and should look at the behavior of the official at hand, particularly whether if he or she is providing favors or privileges that do not correspond to the official. If this occurs, the official should be sanctioned,” said Cascante.

Even still, nothing is perfect, and there are always risks that the Chinese government maintains certain practices to buy favors through the investment agreements that it makes with other countries with which it has diplomatic relations.

In fact, for China, this is a normal practice that can be seen across Latin America with officials at the local, regional, and national levels.

“Many times, an official can react favorably toward a certain government that has invited him or her to visit the country; that is a fact. It is something that happens not only with China but also with the United States, with Israel, and with practically all the countries in the world that maintain these types of schemes,” he said.

What is different about China?

While diplomatic trips should not be demonized, the issue with China is that, as expert in Chinese affairs and editor of Chinese Analysis at the Center for the Economic Opening and Development of Latin America (CADAL), Juan Pablo Cardenal states in his work, The Art of Making Friends (“El arte de hacer amigos” in Spanish), friendships for the Chinese Communist Party (CCP) are always political and “significant in terms of strategic relationships, not personal and disinterested ones.”

Cardenal mentions that the CCP’s “strategy of soft power” is no more than the recruitment of elites in Latin American countries.

An important group for China is those who make decisions for the government, such as public servants. When China establishes who these people are, the CCP invites them to visit, covering all costs, reserving five-star hotels for the officials, and showing them the “majesty of the country.”

“What they try to do with these visits is reach a level of closeness with decision-makers to garner legitimacy, manage risks in a much more flexible context, encourage and bolster frameworks with cities in these countries, and prioritize Chinese friendship groups at the congressional level,” said the interviewee. 

The expert underscored that the common practice for the Latin American political class is to see a relationship with Beijing as equivalating to potential opportunities.

Later, this relationship “inevitably translates into an almost complete absence of critiques [from Latin American governments] regarding the authoritarian nature of the regime in China, human rights violations [in China], and the kickbacks behind [Chinese] regional investment, conditions of China-backed loans, and the asymmetry of trade agreements [with China].”

Does the US pay for foreign dignitaries to visit the country?

Expediente Público wanted to know if Xiomara Castro’s foreign policy relied on traveling to other countries through trips fully financed by other governments. In the case of the United States, a source in Honduras, who requested to be kept anonymous, responded that President Biden does not maintain this practice.

“We do not buy tickets for anyone who is not, for example, someone selected to participate in an exchange program. In the case of such a program, however, we make all the information public, announce from the beginning that all the trips will be fully financed by the government, and those that participate in these exchanges are members of civil society or journalists,” the source clarified.

“We are not buying President Castro tickets so that she can travel to the US. In fact, I believe that when she travels to the United States, she flies commercial. There are plenty of public officials (from the US embassy) that have traveled on American Airlines flights leaving Palmerola and have been on the same flight as the president by pure coincidence,” he continued.

A lack of transparency

Expediente Público, through request SOL-PRSD-404-2023, solicited information from the President of the Republic (the White House) regarding the head of state’s travels to other countries like the United States, Colombia, Brazil, Argentina, and Italy, to have knowledge of the total cost of such visits.

There was also no response on behalf of Honduran authorities following a request before the Institute for Access to Public Information (IAIP), a tool of revision, according to Article 26 of the Law on Transparency and Access to Public Information.

Graco Pérez is of the belief that Honduran citizens should have knowledge of what is being spent on diplomatic visits, mainly because when there is a lack of transparency, “there is corruption.”

“There are different institutions like the Supreme Court of Auditors (TSE), the National Council on Corruption (CAN), and the Institute for Access to Public Information (IAIP), which should guarantee that every citizen has access to this information,” he stated.

The obligation to make the use of public funds transparent

Carlos Cascante is also of the opinion that “in an ideal system of governance that is democratic and transparent, all government funds should be public information, except when dealing with sensitive matters of national security.”

“When a president travels on official mission to another country, and everyone knows about the trip, democratic transparency has to exist so that any person interested in the matter can understand how that money was spent, who traveled with the president and what their expenditures were, and the results of the trip,” Cascante pointed out.

Visit the original article at Expediente Público