México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
En el caso guatemalteco hay diversas razones que es necesario abordar para comprender el tema del empleo de efectivos militares en labores de seguridad ciudadana: la “reciente historia” de conflicto armado interno, los elevados índices de violencia y una falta de confianza institucional.
Durante años, El Salvador figuró entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Desde entonces, la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. La Fuerza Armada tiene un papel protagónico, y lo seguirá teniendo por un tiempo imprevisible.
