HONDURAS-PROSECUTION-CUELLAR

Xiomara Castro no tiene mayoría en el Congreso Nacional

Por Carlos Barrachina Lisón

La imagen del expresidente Manuel Zelaya Rosales abandonando Tegucigalpa en avioneta, en el año 2009, después de la orden de detención de la Corte Suprema de Justicia, desobedecida por el general Romeo Vázquez Velázquez, al “decidir” mandar a Costa Rica a Mel; contrasta y recuerda la de Juan Orlando Hernández Alvarado, hace unos pocos meses, saliendo hacia Nueva York, escoltado por agentes de la DEA, camino a su juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.

Los dos presidentes buscaron su reelección. El primero no negoció con la clase política, trató de imponerse y fue acusado por la justicia de traición a la patria. El Congreso Hondureño, negado por ley a desahogar un juicio político, condenó simbólicamente a Zelaya con un voto de desaprobación de 124 diputados, del total de 128. Meses después fue indultado. El segundo, igualmente autoritario, fue más hábil, y logró una interpretación extraña que le permitió reelegirse. Finalmente, ha salido del país derrotado electoralmente, extraditado y con serias posibilidades de resultar condenado por narcotráfico.

Xiomara Castro ganó las elecciones del 28 de noviembre del 2021 al obtener el 51.12% de los votos, encabezando una coalición integrada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), el partido Salvador de Honduras (PSH), y el partido Innovación y Unidad (PINU). En segundo lugar, quedó Nasry Asfura, del Partido Nacional, con un (36.93%); y en tercero Yani Rosenthal, representando al Partido Liberal, que logró reunir un 10%.

En el Congreso de Diputados, en donde se competía por 128 escaños, LIBRE consiguió 50 posiciones, el Partido Nacional (PN) 44, el Partido Liberal (PL) 22, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, y tanto la Democracia Cristiana (DC) como el Partido Anticorrupción (PAC) 1 cada uno.

Medios de comunicación tradicionales como Radio Globo; o de más reciente creación como UNE TV, fundado en el año 2015, por el empresario Mauricio Ramos; o incluso un “activista” como Milton Benítez, que consolidó un programa de información política en redes sociales conocido como “El perro amarillo”, apoyaron abiertamente a LIBRE durante varios años, y repitieron de forma consistente, y creíble la idea de que el gobierno hondureño había conformado un narco estado dictatorial que pretendía perpetuarse en el poder.

Muchos de estos comunicadores hoy en día se encuentran en el gobierno de Xiomara Castro, o ocupan cargos de elección popular. Mauricio Ramos es Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP); Ivis Alvarado (UNE TV) es Secretario de Prensa del Gobierno; Milton Benítez (El Perro Amarillo) es ministro-asesor en Materia de Comunicaciones; Gerardo Torres (UNE TV) es Vicecanciller; Jorge Aldana (UNE TV) es alcalde de Tegucigalpa; y Mauricio Rivera (UNE TV) Diputado Nacional.

La idea del posible fraude electoral se encontraba tan arraigada que finalmente el 13 de octubre del 2021, tanto Salvador Nasralla (PSH), como Doris Gutiérrez (PINU) pactaron apoyar en su carrera presidencial a la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, para que tuviera mayores posibilidades de obtener un triunfo electoral contundente, a cambio de un pacto de posiciones de gobierno y de su investidura como designados presidenciales.

La resistencia de LIBRE al pacto con el Partido Salvador de Honduras; y el estilo “tradicional-autoritario” con el que se ha conformado el gobierno no han contribuido a moderar el ciclo de tensión hondureño.

Xiomara Castro ha sido acusada por buena parte de la sociedad civil de organizar un gobierno en el que su familia tiene una relevancia determinante que no necesariamente es saludable para la democracia. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, es el asesor principal de la presidencia, pero su protagonismo es tan decisivo, que tradicionales críticos de las administraciones nacionalistas, como los jesuitas del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) ; la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos; Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), o la titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos, se han manifestado de forma expresa, tanto sobre la inconveniencia de esta relación política como sobre el nepotismo que existe en el primer nivel de gobierno .

Otros integrantes de su familia, que se encuentran en los primeros niveles de toma de decisiones son su hijo Héctor Zelaya Castro, Secretario Privado de la Presidencia; su sobrino José Manuel Zelaya Rosales, titular de Secretaría de la Defensa; su cuñado, Carlos Zelaya Rosales, Secretario del Congreso Nacional; y su hija Xiomara Hortencia Zelaya Castro, Diputada nacional.

La inconformidad de importantes sectores de LIBRE, sobre el pacto de posiciones se manifestó desde el momento anterior a la toma de protesta de la nueva Presidenta. Xiomara Castro había pactado con Salvador Nasralla, que Luis Redondo, integrante del PSH ocupara la presidencia del Congreso Nacional; pero Jorge Cálix y 18 diputados de LIBRE se revelaron y el 23 de enero del 2022 decidieron imponerse sobre la línea oficial. Tras unos días de resistencia y de la existencia de dos presidentes del Congreso Nacional, renunciaron a la pretensión.

El segundo momento importante de tensión, lo empezó a manifestar el designado presidencial Salvador Nasralla, a partir del mes de junio del 2022, en el que se dejó escuchar en varias entrevistas, señalando que no sólo la nueva administración no había cumplido dando espacios a PSH en el gobierno, sino que su voz no era escuchada y apenas se había visto con la presidenta.

Esta posición se materializó de forma contundente, cuando el 17 de agosto del 2022, los diputados de PSH, votaron con el PN y con el PL y bloquearon el que se aprobara de forma urgente, una ley que reformaba el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El resultado de la votación fue de 62 votos en contra de la iniciativa remitida por el ejecutivo, 54 a favor y 2 abstenciones. Salvador Nasralla declaró que no se podía aprobar una ley tan importante a “matacaballo”; y con esta afirmación le recordó con claridad a la presidencia de la República que no tenía mayoría en el Congreso, y no debería cometer los mismos errores del 2009. Nasralla ha lanzado una clara invitación a la presidencia para sentarse a negociar; o sufrir las consecuencias de enfrentarse a un Congreso hostil.

La derogación de la Ley de Defensa y Seguridad, aprobada por la administración de Juan Orlando Hernández en el año 2011 era una promesa de campaña. Uno de los propósitos principales de la nueva ley era el desaparecer como integrantes del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al Fiscal General de la República, bajo el argumento que la independencia de los poderes estaba en cuestión.

Sin embargo, lo que causa más desconfianza, tanto en la clase política, como en la sociedad civil, es la figura de un Secretario Técnico del Consejo, así como el de su adjunto; que por delegación de la presidencia coordinan los temas de Seguridad y Defensa, desde una perspectiva ampliada al concepto de gobernabilidad. Las acusaciones de nepotismo hacia la nueva administración, adquirieron una nueva dimensión frente a la posibilidad de dotar a esa figura con un poder tan decisivo; y que el mismo pudiera ser asumido por uno de los integrantes de la familia Zelaya, o de su círculo más cercano.

La reacción del expresidente Manuel Zelaya Rosales, frente a los cuestionamientos del periodista Renato Álvarez, en el programa “Frente a Frente”, el viernes 19 de agosto fue agresiva; al ponerse en contacto con la televisora y cuestionar en directo al conductor por su “parcialidad”, y por supuestamente no haber tenido las mismas posiciones críticas con los gobiernos de los últimos doce años, señalando que debía respetar a la presidenta del país. Derivado de ello el lunes 22 de agosto en el mismo programa se presentaron el ministro de la secretaría de la defensa, José Manuel Zelaya; la vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta de la Comisión de Defensa Isis Cuéllar; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar; el Secretario de Seguridad, Ramón Sabillón; y el Director General de la Policía Nacional, el General Gustavo Sánchez. Su objetivo fue defender la propuesta de ley y señalar que se continuaría negociando en el Congreso Nacional la aprobación de la misma.

*El autor es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2007. Ha sido profesor de planta del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS) de la National Defense University en Washington DC (2000-2004), de la Universidad de Quintana Roo (2004-) y de la Universidad Anáhuac-México.   En la actualidad es investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea  y Profesor Adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla.  Sus líneas de especialidad son las Relaciones Civiles-Militares, los Estudios sobre Migraciones y Frontera Sur de México; así como sobre el sistema político del sureste mexicano y de Centroamérica.

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