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El documento señala que la política del gobierno de Nicaragua en relación con la instrumentalización de la migración también tiene un claro objetivo económico. El régimen de Ortega ha generado ingresos significativos mediante la facilitación del tránsito de migrantes, a través de cobros por visas, permisos de tránsito y multas. Solo en 2023, estos ingresos alcanzaron los 52 millones de dólares, una cifra que es cinco veces mayor que la obtenida en 2019. Además, estimaciones adicionales sugieren que los ingresos reales por estas actividades podrían haber sido de hasta 65.9 millones de dólares. También se menciona que la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI) en Nicaragua acumuló alrededor de 29 millones de dólares entre 2022 y el primer trimestre de 2024, gracias al aumento de vuelos chárter. Estos ingresos permitieron superar la crisis financiera que había afectado al aeropuerto desde 2018 y la pandemia de COVID-19. El documento concluye que los beneficios económicos que recibe el Estado nicaragüense provienen no solo de las tasas migratorias, sino también de los cobros por el uso de terminales aéreas, servicios de aterrizaje, suministro de combustible y otros servicios relacionados con el tránsito masivo de migrantes. Esto convierte la instrumentalización de la migración en una fuente de ingresos significativa para el gobierno nicaragüense, mientras aprovecha la vulnerabilidad de los migrantes y fortalece sus lazos con potencias autoritarias.

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