Nicaragua aparentemente cumple con la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas a la implementación de sistemas antilavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo (LD/FT). Sin embargo, organizaciones internacionales también indican que el país presenta “deficiencias significativas” al respecto. Evidencia de casos sustenta y agrava estas preocupaciones.
Los hallazgos de esta investigación apuntan a que el gobierno de Daniel Ortega ha instrumentalizado el sistema antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para incrementar sus capacidades de represión política contra opositores. Frente a organismos internacionales su gobierno pretende mostrar voluntad de seguir recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional; sin embargo, existe un doble rasero en este aparente cumplimiento.
La autonomía funcional de la Unidad de Análisis Financiero, principal entidad del sistema anti-LD/FT en Nicaragua, está comprometida pues es presidida por dos oficiales activos del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, leales al Presidente.
De esta forma, las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el lavado de dinero están siendo controladas y utilizadas por el Ejecutivo para perseguir a oponentes políticos y beneficiar a sus aliados e intereses. La falta de autonomía socava la independencia e integridad del sistema y contribuye a la impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero.
De esta forma, Nicaragua ha sido clasificada recientemente entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo, según la evaluación del Instituto de Gobernanza de Basilea. La corrupción, la falta de rendición de cuentas y el sistema autoritario bajo Ortega han contribuido a esta calificación negativa.
El riesgo se ha incrementado significativamente desde 2018, coincidiendo con la mayor centralización del poder de Ortega luego de la crisis sociopolítica generada por la represión de las protestas en ese año. Por ejemplo, bajo el argumento de seguir recomendaciones internacionales contra el lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo, el gobierno de Nicaragua ha cerrado y revocado la personalidad jurídica de varias organizaciones de la sociedad civil.
También en esta lógica ha detenido a opositores, activistas y funcionarios de algunas organizaciones sin fines de lucro. La rigurosidad de la aplicación de estas recomendaciones contra opositores contrasta con tratamientos laxos a algunos sospechosos de delitos, de los que se presumen nexos significativos con el presidente Ortega, su familia y allegados. La falta de transparencia y rendición de cuentas en Nicaragua en relación al dinero incautado al narcotráfico por parte del Estado también es alarmante. El Estado ha incautado un total de $120,961,144 dólares estadounidenses desde 2007 hasta el 2021. Sin embargo, se desconoce el destino final y la utilidad que las autoridades nicaragüenses le han dado a estos recursos.
Aunque se han anunciado algunas inversiones específicas, no se ha ofrecido mayor evidencia de la administración de estos fondos provenientes del narcotráfico. La falta de transparencia y la discrecionalidad en la administración de los fondos incautados podrían estar generando corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
