Por Vicki Gass:
(Español)
La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua se profundizó en el período previo a las elecciones presidenciales de 2021, con la detención de candidatos de la oposición, sus simpatizantes y activistas de derechos humanos y justicia social de base. Si bien la liberación de 222 prisioneros políticos a inicios del 2023 fue acogida por la comunidad internacional, la expulsión de los prisioneros demostró que el gobierno Ortega-Murillo no tiene tolerancia con la disidencia. La represión y detención de activistas ha continuado desde entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América, junto con otros gobiernos de América Latina y Europa, han tratado de presionar al régimen Ortega-Murillo mediante diplomacia bilateral y multilateral para que libere a los presos, abra espacio político y se encamine a elecciones libres y justas. La diplomacia ha ido acompañada de una serie de sanciones, incluidas medidas de bloqueo de activos dirigidas contra 46 personas y 11 entidades, además de denegaciones de visa dirigidas a más de 800 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.
El propósito de este estudio es analizar las herramientas ofrecidas por las leyes RENACER y NICA Act para ejercer presión económica sobre el gobierno de Nicaragua, proteger los derechos humanos y restaurar la democracia. Además, explora si las sanciones podrían conducir a una presión significativa sobre los líderes del régimen y en los sectores influyentes del país. Además, el estudio realiza una mirada preliminar a las empresas y personas naturales o sectores comerciales que sustentan el régimen que podría ser sancionado en el futuro.
