México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
Los procesos de diseño de reformas a las instituciones públicas requieren atención a aspectos técnicos específicos, además de las delicadas estrategias políticas que ameritan estos cambios. Por este motivo, en el marco de discusiones sobre potenciales reformas a la Policía Nacional de Nicaragua, Expediente Abierto presenta este documento orientativo que presta atención a uno de los puntos que requieren más análisis y precauciones: sus presupuestos. Este ámbito se reconoce como una condición sine qua non se podrá llevar a cabo cualquier intención de cambio institucional.
Expediente Abierto (EA) considera necesario generar pensamientos y propuestas ante una próxima transición democrática en Nicaragua, la Policía Nacional, como principal cuerpo civil de seguridad, tendrá un papel relevante en dicho proceso de restauración. La sociedad civil, lejos de ser ajena a esas reformas policiales, deberá participar activamente y aspirar, con muchas ideas, a contribuir a la transformación policial.
México y Centroamérica viven una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes, provocado por las actividades del crimen organizado. México ha reaccionado tarde a la crisis de inseguridad y la política actual ha sido un rotundo fracaso.
La presidenta actual Xiomara Castro, en el Plan de Gobierno, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante.
En el caso guatemalteco hay diversas razones que es necesario abordar para comprender el tema del empleo de efectivos militares en labores de seguridad ciudadana: la “reciente historia” de conflicto armado interno, los elevados índices de violencia y una falta de confianza institucional.
Durante años, El Salvador figuró entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Desde entonces, la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. La Fuerza Armada tiene un papel protagónico, y lo seguirá teniendo por un tiempo imprevisible.