Hacia la necesaria reforma policial en Nicaragua: propuestas desde la ciudadanía.
Desde abril de 2018 Nicaragua enfrenta un exacerbado nivel de violencia política provocado por la desmesurada respuesta represiva que dio el régimen del presidente Daniel Ortega a manifestantes. La crisis ha tenido como uno de sus principales protagonistas a la Policía Nacional de Nicaragua, que ha funcionado como herramienta de represión y control social supeditada al presidente, perdiendo así la legitimidad y confianza que poseía frente a la ciudadanía. Hoy día, es una institución ampliamente cuestionada por diversos organismos de derechos humanos y actores nacionales e internacionales. Encuestas de opinión pública y sondeos cualitativos y cuantitativos elaborados por este equipo confirman el desprestigio y desconexión que dicha institución posee con la población en general.
No obstante, y pese a la adversa coyuntura, Expediente Abierto (EA) considera necesario generar pensamientos y propuestas ante una próxima transición democrática en Nicaragua, la Policía Nacional, como principal cuerpo civil de seguridad, tendrá un papel relevante en dicho proceso de restauración. La sociedad civil, lejos de ser ajena a esas reformas policiales, deberá participar activamente y aspirar, con muchas ideas, a contribuir a la transformación policial.
Por todo ello, EA ha desarrollado desde el año 2021 consultas con expertos nacionales e internacionales, activistas y ciudadanos en general, sobre el papel que podrían jugar la ciudadanía nicaragüense en el necesario proceso de reforma de la Policía Nacional. De esta forma, con este documento orientativo, EA ha logrado identificar tres acciones clave en que la sociedad civil puede contribuir, a saber:
a. Definir y poner en marcha mecanismos de control civil antes y durante el proceso de reforma a la policía.
b. Contribuir activamente a la formación policial.
c. Incluir a la diversidad nicaragüense, en particular la necesidad de repensar particularidades en la Costa Caribe, zona en que problemas preexistentes, como los casos de enfrentamientos violentos entre colonos e indígenas, se han agravado.
Considerando a la sociedad civil en el proceso de reforma policial y actuando sobre estos tres elementos, se tendrían mayores oportunidades de que sea un proceso integral y legítimo ante el complejo desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía a la vez que se consigue una institución efectiva y eficiente, no partidaria conectada y supeditada al poder civil y las leyes.
