Por Eric L. Olson
En tanto Nicaragua busca su inevitable transición de un régimen autoritario a un gobierno basado en valores democráticos, uno de sus más grandes desafíos será la transformación de su fuerza policial, de una que ha sido utilizada como un arma política para preservar el régimen, a otra que sea fuerza profesional, competente, que respete los derechos y recupere la confianza del público. La policía, que es distante y antagónica ante las legítimas necesidades de seguridad de los ciudadanos, pierde rápidamente la confianza del público, así como la habilidad de llevar a cabo su misión efectivamente. Por esta razón, la transformación de la policía de Nicaragua en una fuerza competente y confiable será una de las medidas de éxito más importantes en la próxima transición.
Existe poco cuestionamiento sobre el alineamiento de la una vez reconocida Policía Nacional Civil de Nicaragua con el cada vez más autoritario Gobierno nacional. El desafío central, entonces, es cómo establecer un proceso de transformación policial, una vez sea evidente que el actual régimen está declinando y que uno nuevo y democrático lo reemplazará.
Es importante reconocer, de antemano, que la transformación institucional de una fuerza policial, especialmente minimizando la influencia política sobre la institución, es extraordinariamente difícil, y con pocas experiencias exitosas con qué contar. Hasta la década de 1970, las fuerzas policiales de las grandes ciudades en Estados Unidos se habían sometido a innumerables procesos de reformas, pero aún se consideraban plagadas de corrupción, nepotismo y patrimonio de ciertos grupos inmigrantes tales como irlandeses o italianos.
No fue hasta el denominado caso Serpico y las recomendaciones de la Comisión para la Investigación de la Presunta Corrupción Policial (o Comisión Knapp) en la ciudad de Nueva York[fn]Frank Serpico fue un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, a quien le dispararon durante una operación antinarcóticos encubierta en febrero de 1971. Este creyó que otros agentes de policía corruptos le habían tendido una trampa, y lo denunció ante sus superiores. En mayo de 1971, testificó sobre la corrupción policial en un juicio departamental, lo que luego llevó a la formación de la Comisión para la Investigación de la Presunta Corrupción Policial, conocida informalmente como la Comisión Knapp, en honor al jefe de la Comisión. En septiembre y octubre de 1971, Serpico testificó ante la Comisión la corrupción del sistema del departamento policial en la ciudad de Nueva York, y las recomendaciones de la Comisión Knapp fueron acreditadas con el inicio de un proceso de manejo de corrupción y mayor profesionalización del departamento.[/fn], que hicieron que las fuerzas policiales empezaran a dar un giro más profesional. Sin embargo, tal como es sugerido por las actuales protestas alrededor de Estados Unidos, la desconfianza pública hacia la policía se mantiene alta como consecuencia de la violencia policial en contra de las comunidades minoritarias.
En los años siguientes, ha habido cientos de intentos de reformar, transformar, recrear y establecer nuevas formas de fuerzas policiales a lo largo de las Américas. Cada una de ellas con un conjunto único de circunstancias históricas y políticas que no deben ser replicadas en ningún otro sitio. No obstante, estas experiencias también resaltan éxitos y fracasos que podrían dar a los nicaragüenses importantes pistas sobre lo que pueden esperar, desafíos que enfrentar y oportunidades que deberían aprovechar en tanto consideran cómo construir una nueva fuerza policial nacional.
Los siguientes párrafos resaltan algunas de las lecciones de experiencias en México y Honduras, que podrían ser relevantes para dar una luz a los desafíos que Nicaragua enfrentará durante su transición.
I. Reformando las fuerzas policiales federales de México 2000 – 2020
Con el lento giro hacia la democracia multipartidaria y el declive del dominio de un partido único en México durante el fin de la década de 1990, la reconstrucción de las fuerzas policiales nacionales de México a una fuerza más cohesiva y profesional tenía prioridad en la agenda. Durante los 71 años de unipartidismo en México, la policía federal fue en gran parte un instrumento de control social que contribuyó a la permanencia del PRI en el poder. Protegieron élites, reprimieron protestas públicas, y perdieron la confianza del público por corrupción arraigada institucionalmente.
Enfrentados a amenazas crecientes desde carteles de droga y ascendente violencia, el Gobierno de Ernesto Zedillo decidió reorganizar las fuerzas policiales de México a una Policía Federal Preventiva (PFP) en 1998 y 1999. Las nuevas fuerzas combinaban personal de varias ya existentes en un esfuerzo por mejorar su efectividad en la lucha contra los cárteles de droga, creando un contingente mejor integrado y menos aislado que, por consiguiente, terminara con algunas de las peores prácticas que caracterizaron a las estructuras individuales. Entre las fuerzas integradas dentro de la PFP estaba la Policía de Caminos; y grandes divisiones de la 3ra brigada de Infantería de Marina, así como grupos de otros cuerpos administrativos y policiales especializados. Pese a las mejores intenciones y loables metas de tal proceso de integración, para 2006 quedó claro que la PFP estaba plagada de divisiones internas, un choque de culturas de aplicación de ley, y resentimientos entre fuerzas militares y civiles.
Con la elección de Vicente Fox en 2000, el país adoptó nuevas medidas para la transformación de su Policía Federal. Primero, el Gobierno de Fox separó a la PFP de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para expandir la independencia de la policía del poderoso Ministerio Político que había dominado a los anteriores Gobiernos del PRI. La PFP fue ubicada bajo la recién creada y dirigida por civiles Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Asimismo, Fox creó la Agencia Federal de Investigación que suplantó a la temida Policía Judicial Federal, en busca de una fuerza investigativa más profesional ligada a la Procuraduría General de la República.
El sucesor del presidente Fox —Felipe Calderón Hinojosa— reforzó dramáticamente la estrategia del Gobierno para confrontar el creciente poder de los carteles de droga y, de este modo, comprometerse a varias medidas para incrementar el tamaño de la fuerza policial federal y mejorar su calidad. Para simbolizar estos cambios, el PFP fue suplantado por la nueva Policía Federal. Además, la selección, escrutinio y criterio de entrenamiento fueron acentuados significativamente en un esfuerzo por profesionalizar la Policía y aumentar la confianza del público en la institución.
Sin embargo, la estrategia de Gobierno de confrontar redes criminales también llevó a su fragmentación, la cual, a su vez, contribuyó a niveles históricos de violencia y homicidios. Al mismo tiempo, rumores persistentes acerca de asociaciones ilícitas entre la directiva de la PF y la Federación de Sinaloa minaron todo esfuerzo por construir confianza pública.
En un contexto de alta violencia y desilusión por la estrategia de Calderón, el PRI resurgió al regresar al poder por primera vez en 12 años. El Gobierno de Enrique Peña Nieto prometió una estrategia distinta para lidiar con organizaciones criminales, una reducción en la violencia y un reenfoque de la atención nacional a problemas de desarrollo económico. Con respecto a la policía, el nuevo Gobierno del PRI regresó rápidamente a las históricas relaciones institucionales, subsumiendo a la Policía Federal bajo la SEGOG, una vez más, y eliminando su estatus como un departamento independiente del Gobierno. Pese a su intento por redirigir el enfoque público a asuntos económicos, y pasar la página de la violencia, una serie de escándalos de corrupción y violencia socavó rápidamente al Gobierno de Peña Nieto, y concluyó su período con un pésimo récord de apoyo público.
Finalmente, la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador trajo una nueva y significante reestructuración de la PF. Primero, el restablecimiento de una fuerza policial independiente bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, poco después la creación de una Guardia Nacional, una fuerza híbrida que establece un contingente de seguridad estilo gendarme que intenta consolidar las funciones de la policía militar y civil en una[fn]Históricamente, la gendarmería ha tomado varias formas, pero es generalmente conocida por ser una fuerza de seguridad internamente opuesta, más que externamente opuesta como el ejército. Los gendarmes tienden a estar fuertemente armados (tanto como una fuerza militar), pero llevando a cabo funciones especializadas de seguridad pública, tales como seguridad fronteriza o contra poderosas fuerzas irregulares armadas como el crimen organizado. La Guardia Nacional de México fue creada como una institución, estilo gendarme, que combina el poder militar y policial en uno solo. Su misión y despliegue han sido confusos, pero tienen tendencia a ser usados para deshacer caravanas de migrantes y otros deberes especializados para confrontar el crimen organizado a lo largo del país.[/fn] sola institución.
Además de los varios arreglos institucionales perseguidos por Gobiernos mexicanos durante la consolidación democrática de la era post 2000, hubo múltiples intentos de reforma a la policía que podrían proporcionar útiles lecciones en tanto Nicaragua enfrenta los desafíos y oportunidades que aguardan al crear una nueva policía democrática. El siguiente es un resumen de algunas de estas lecciones, sin pretender ser una lista exhaustiva:
- Los arreglos institucionales son importantes, pero no suficientes para garantizar políticamente una policía independiente y profesional. Tal como la anterior línea de tiempo deja en claro, México inició múltiples reestructuraciones institucionales diseñadas para apoyar la independencia policial y mejorar su actividad. No obstante, estas transiciones, cualquiera que fuese el mérito, no mejoraron la calidad de vigilancia por su cuenta ni eliminaron los problemas de corrupción y abuso, sino que costaron considerables recursos en marca y planes organizacionales para la institución y, finalmente, socavaron la moral de la institución, bajando la confianza en la misma.
Mientras se separaba la fuerza de la SEGOB, era importante hacer notar un dominio policial más independiente, ya que no era suficiente para mejorar el funcionamiento de la policía o contribuir al mejoramiento de la percepción pública de corrupción dentro de la institución. Implicaciones para Nicaragua: los líderes democráticos de Nicaragua deben priorizar una fuerza policial independiente y liderada por civiles desde sus inicios, en la búsqueda de mantener este acuerdo a largo plazo y evitar invertir enormes sumas en nuevos uniformes y marca, mientras se crea incertidumbre en la mente del público.
- Un método estandarizado para profesionalizar la policía. En su esfuerzo por crear una fuerza policial profesional que minimizase las influencias políticas sobre partidos y élites económicas y políticas, las autoridades federales de México implementaron varios tipos de estandarización que redujeron la arbitrariedad de los altos directivos dentro de la fuerza. Parte de este esfuerzo estuvo basado en crear nuevos objetivos estándares para la selección, escrutinio y entrenamiento de reclutas policiales. Esto llevó a establecer mínimos niveles de educación para reclutas; creando y manteniendo un complejo sistema de control de antecedentes para asegurar que no presentaran ninguna falta en su historial; y, estableciendo un criterio objetivo para la paga y promoción de rangos policiales. Adicionalmente, estándares de entrenamiento y educación continua, así como el uso frecuente de pruebas de polígrafo para mantener estos estándares. Finalmente, los intentos por crear una plataforma de información unificada (Plataforma México), que estandarizase la información criminal dentro de las fuerzas policiales federales, fueron vistos como la llave para asegurar un sistema de recolección de datos más profesional y el análisis para una futura profesionalización de la actividad policial.
Sin embargo, mientras cada una de estas mejoras tenía el potencial para aumentar significativamente el desempeño y calidad de la fuerza policial y, en el proceso, fomentar la confianza pública y cooperación con la policía, hubo presiones compensatorias que al final actuaron para socavar estas mejoras. La creciente preocupación pública sobre el incremento de la violencia criminal e índices de homicidio fue de particular importancia; especialmente, cuando a comienzos de 2007, el presidente Calderón se embarcó en su guerra contra el crimen organizado. En este contexto, la presión por actuar rápido, y aumentar considerablemente el número de policías empezó a deteriorar los compromisos con los estándares establecidos para la selección, escrutinio y entrenamiento de reclutas. El entrenamiento que estaba previsto a durar doce meses fue lentamente reducido a nueve, y en algunos casos a seis meses, mientras la demanda de nuevo personal aumentaba. Por otra parte, los atajos desarrollados para la implementación de reclutas que no cumplían con los lineamientos básicos entraran a la fuerza. Implicaciones para Nicaragua: Nicaragua estará bajo la enorme presión de actuar rápido para transformar su policía. Será esencial resistir la tentación de tomar atajos en el proceso de selección, escrutinio y entrenamiento de la nueva policía. A pesar de que esto prolongue el tiempo necesario para nombrar nuevos oficiales, lo que se pierda en tiempo, podría ser recuperado en calidad y confianza pública al mantener estándares altos.
- Control interno, verificación de antecedentes y pruebas de polígrafo. Todas ellas son herramientas importantes dentro de la profesionalización policial; sin embargo, no son instrumentos perfectos, por lo que no deberían ser la única estrategia para la profesionalización. El escrutinio debe estar acompañado de otros instrumentos de control y responsabilidad. A lo largo de múltiples experiencias en la reforma institucional, empezando en 1999, México nunca se comprometió exitosamente a construir mecanismos efectivos de control interno y externo que pudieran erradicar la corrupción y recuperar la confianza del público en la institución. Un análisis del Centro Wilson (2012), sobre la Dirección de Asuntos Internos (DAI) de la Policía Federal durante el Gobierno de Calderón, demostró que había poco compromiso político con la oficina. Asuntos Internos no tenía su propia autoridad presupuestaria, haciéndolo dependiente de otros sectores de la policía, tampoco contaba con un Director General nombrado por la presidencia como lo contempla la ley, y más del 90 % de sus casos implicaban delitos menores como omisión de denuncia de deber o no usar el uniforme estándar.
No había récord de corrupción dentro del registro del DAI. Implicaciones para Nicaragua: en un contexto de penetrante corrupción y falta de profesionalismo, Nicaragua no debe ignorar la importancia de crear fuertes mecanismos de control interno y externo. Crear una oficina de Asuntos Internos es meritorio, pero debe estar enteramente fundada con un fuerte liderazgo y voluntad política para confrontar la arraigada corrupción y los centros de poder dentro de la fuerza. Además, los dispositivos de control externo —tales como las unidades de anticorrupción del Ministerio Público o las juntas cívicas de supervisión— también pueden fortalecer mecanismos responsables que impulsen mayor confianza pública en la policía.
- El papel del Ejército en la seguridad pública: resolver el problema del rol del Ejército en la seguridad pública ha sido fundamental a lo largo de la experiencia con la reforma policial. En muchas instancias existen consensos de que la PF carece de herramientas para enfrentar con efectividad al crimen organizado. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas Nacionales (Ejército) y la Marina están consideradas de distintas maneras como una alternativa o soporte para la policía civil. Cómo delinear sus respectivos roles, ha sido el corazón de los más acalorados debates en los recientes esfuerzos de México por profesionalizar la policía. Más recientemente, México ha tratado de resolver sus problemas creando una fuerza híbrida formada por ambos, fuerzas cívicas y militares. Pero pese a la naturaleza civil de la Guardia Nacional, el ejército es aún la fuerza que predomina, y la legítima desaparición de la PF significaría que los civiles tengan una pequeña voz dentro del nuevo orden. Finalmente, los más grandes desafíos siguen aún sin resolverse.
La Guardia Nacional simplemente ha ocultado los grandes desafíos de integrar distintas culturas de fuerzas, similar a la experiencia con el PFP durante la administración de Fox. La Guardia Nacional aún no funciona como una fuerza unificada e integrada, lo cual contribuye a su inefectividad. Y más importante, no ha articulado una estrategia de cumplimiento de ley que reduzca el potencial de organizaciones criminales. Como evidencia, considera que los históricos niveles elevados de homicidios sucedidos en 2011 han ahora sobrepasado las cifras en los dos años anteriores (2018 y 2019) y están en vías de alcanzar un récord en 2020. Implicaciones para Nicaragua: Nicaragua debe ser cuidadosa al evaluar los potenciales riesgos que tiene integrar al ejército en las tareas de seguridad pública. Puede que haya presiones para extender las tareas de seguridad pública al ejército durante un período de transformación de la Policía Nacional, pero usar al ejército en funciones de seguridad pública siempre lleva consigo serios inconvenientes, incluyendo derechos humanos, responsabilidad y vigilancia civil efectiva.
II. Depurando y transformando la Policía Nacional Hondureña
A partir de abril de 2016, Honduras emprendió la depuración y esfuerzos de reforma más completos en la historia de la Policía Nacional de Honduras (PNH).
Varios esfuerzos previos para profesionalizar la PNH y eliminar la corrupción de sus filas fracasaron miserablemente, lo cual llevó a la creciente desconfianza pública en la fuerza, además de los innumerables ejemplos de abuso, corrupción y conducta criminal dentro de la institución.
Por ejemplo, en 2012 un intento de reorganizar la policía y llevar a cabo revisiones del personal resultó en la creación de nuevos cuerpos, incluyendo la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que logró depurar exactamente a 7 oficiales de bajo rango. Ningún medio o alto jefe de la fuerza fue destituido, y la DIECP permaneció desacreditada copiosamente hasta su desaparición en 2017.
Uno de los elementos únicos en la depuración de 2016 fueron los factores que contribuyeron a su formación. Una serie de artículos periodísticos —uno en el New York Times y otro en El Heraldo de Honduras— revelaron la existencia de un número de grabaciones en las cuales los más altos líderes de la policía aparecían envueltos en una conspiración para encubrir la participación de la policía en el asesinato de dos máximas autoridades antidrogas: Arístides González, el zar antidroga asesinado en 2009; y Alfredo Landaverde, segundo al mando después de González, asesinado en 2011.
La impactante naturaleza de los asesinatos de dos autoridades respetadas, y la aparente implicación y subsecuente encubrimiento de altos oficiales de la policía llevó a un caos público que fue imposible de ignorar. Y, dado el fracaso de la depuración de 2012 por parte de la DIECP, fue aún más difícil para el régimen simplemente anunciar otra reorganización o un oficial, pero ineficaz proceso de depuración.
A continuación, un breve resumen con algunos de los hallazgos más importantes del trabajo de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras (Dye y Olson, 2019) y las posibles implicaciones en la transformación de la policía nicaragüense.
Un proceso guiado por ciudadanos para depurar la policía
En medio de la conmoción que nació luego de las revelaciones del involucramiento de la policía en los asesinatos de alto perfil de González y Landaverde y, el posterior encubrimiento, impulsó a muchos ciudadanos a proponer un proceso de depuración dirigido por organizaciones de sociedad civil. La demanda pública por una reforma y rendición de cuentas fue tal, que el presidente Juan Orlando Hernández acordó los primeros lineamientos de un proceso guiado por ciudadanos, pero anexado al Ministerio de Seguridad Pública dirigido por el General Julián Pacheco. Este arreglo, así como las percepciones públicas de que muchos de los miembros eventuales de la Comisión Especial para Depurar y Transformar la Policía eran particularmente cercanos y políticamente afines al presidente, generó notables dudas sobre la viabilidad de la Comisión Especial.
Sin embargo, luego de varias semanas de tomar importantes decisiones, la Comisión empezó a ganar apoyo del público hondureño, y continuó cosechando mayores éxitos a pesar de los intentos del Gobierno por controlar sus esfuerzos. Las claves del éxito para la Comisión fueron múltiples:
- Casi desde el principio, la Comisión se dispuso a establecer su independencia del Gobierno y operó sin intervención directa de la policía existente, el Ministro de Seguridad o el presidente mismo. Se rehusaron, desde el principio, a simplemente dar el visto bueno a los despidos propuestos por el Gobierno e insistieron en llevar a cabo una revisión completa de todo el personal.
- En lugar de enfocarse en los más bajos niveles de la policía, la Comisión Especial empezó desde la cumbre, destituyendo a 608 oficiales superiores, incluyendo seis de nueve generales de mayor rango, en solo sus primeros meses de existencia. Empezar desde muy arriba hasta descender por rangos, descartó la idea de que simplemente estaban tratando de proteger a los más poderosos, demostrando su compromiso por desarraigar una directiva que estaba tras los más descarados casos de asesinato, como el de González y Landaverde.
- La Comisión Especial no estaba limitada a la información y grabaciones brindadas por la policía, buscaban información de otras agencias de Gobierno, así como de la comunidad internacional. Recibió información de unidades de inteligencia, al igual que de organismos extranjeros de aplicación de ley y fuerzas extranjeras de inteligencia que estaban al tanto de las condiciones de la policía hondureña. De este modo, lograron conseguir el apoyo y asistencia de actores internacionales, y esto le dio legitimidad.
- La Comisión Especial buscaba una estrategia enérgica de comunicación, alertando al público hondureño de las acciones de forma continua. Más que operar tras un escudo de privacidad, hizo anuncios públicos con regularidad acerca de las acciones tomadas, ganando de este modo, la confianza y apoyo del público.
IMPLICACIONES PARA NICARAGUA: hasta cierto punto, una nueva Nicaragua democrática tendrá que decidir si la transformación policial implica una destitución masiva y reemplazo del actual cuerpo policiaco, o ya sea que haya un nivel aceptable de policías actuales que puedan ser integrados dentro de una nueva fuerza. Si la decisión es de depurar la institución, entonces la experiencia hondureña es un recurso valioso para identificar posibles rutas que deberían seguirse. La tentación de hacer de este un proceso cerrado y controlado por nuevas autoridades será grande, pero la experiencia sugiere que existen beneficios reales a largo plazo al involucrar a ciudadanos en este procedimiento, tal como impulsar la aceptación pública de la legitimidad del método de depuración. Un proceso cerrado despierta el espectro de favoritismo y autoprotección.
Desafíos enfrentados por la Comisión Especial
Mientras la Comisión Especial tenía numerosos resultados positivos como los descritos anteriormente, también experimentaba significantes desafíos que vale la pena tener en mente:
- Disfrutaba de gran libertad para reorganizar y despedir a miembros de la PNH, aunque no tuvieran ninguna autoridad fiscal. Esto resultaba confuso para el público ya que los miembros de la policía eran destituidos públicamente, pero no aparecían inmediatamente en persecuciones criminales por actos de corrupción de abuso de derechos humanos. La Comisión Especial estaba limitada a transferir presuntas actividades criminales al Ministerio Público, que era responsable de proceder con una investigación criminal y abrir procesos judiciales en contra del individuo. Si bien no todos aquellos depurados de la fuerza estaban vinculados con actividad criminal, un número considerable de ellos sí, y la inactividad o acción tardía del MP, en muchos casos, creó una preocupación pública de que el encubrimiento estaba otra vez en marcha. Asimismo, había gran preocupación de que muchos de los policías depurados, habiendo renunciado por su propia cuenta, deshonrados profesionalmente y sin amparo jurídico, fuesen fácilmente reclutados por organizaciones criminales o crearan sus propias organizaciones de crimen, beneficiándose de su conocimiento sobre la policía y asuntos de seguridad.
- La decisión de la Comisión Especial de empezar el proceso de depuración desde los altos rangos significó que estaban alcanzando a poderosos y altamente sensibles actores que se amparaban bajo sus propios sistemas de corrupción y protección. Las amenazas que enfrentaban sus miembros aumentaron rápidamente requiriendo medidas excepcionales de seguridad para protegerlos. El 15 de diciembre de 2016, una caravana que llevaba al reverendo Jorge Machado, miembro de la Comisión Especial, fue atacada por personal armado, dejando un herido y la muerte de un guardaespaldas asignado para proteger al religioso.
- La forma decisiva y expansiva en la cual la Comisión Especial asumió su responsabilidad implicó que lo altos y medianos rangos de la PNH fuesen rápidamente reducidos. Ocupar estas posiciones con líderes fiables y capaces fue de enorme dificultad, y un incidente en particular desembocó en un grave error. El 11 de febrero de 2020, el jefe de la PNH, el general Leonel Luciano Sauceda fue arrestado y acusado de lavado de dinero por la Fiscalía General hondureña. Solo dos semanas antes de su arresto, Sauceda había sido promovido a la posición principal, luego de recibir la aprobación de la Comisión Especial. Los miembros de la Comisión reconocieron el problema y declararon que basaron su juicio en la información que tenían disponible en ese momento
- La continuidad y sostenibilidad de los beneficios obtenidos de la depuración y reformas institucionales representan un desafío continuo para Honduras y su Policía Nacional. Mientras la Comisión Especial demostró un liderazgo decisivo al depurar efectivamente los más altos rangos de la PNH, las dinámicas políticas en el país han cambiado, y esta será pronto disuelta una vez que su mandato termine. Los miembros de la Comisión Especial han avanzado hacia otros desafíos, y no es aún del todo claro que el buen trabajo de estructuras como esta continúe.
IMPLICACIONES PARA NICARAGUA: Nicaragua querrá transformar su policía, pero tendrá que considerar los desafíos de empezar desde abajo. Establecer y fortalecer un criterio propio de selección, escrutinio regular y continuo, y la creación de un programa de entrenamiento apropiado para cadetes, oficiales y fuerzas especializadas es costoso y prolongado. La presión por acordar o disminuir estos estándares será inmensa en el período de transición y el plazo para crear tal fuerza será mínimo.
Los nicaragüenses no pueden permitirse estar sin policía por un año o dos, por lo tanto, se necesitará de alguna forma de fuerza transitoria, la cual podría convertirse en la base de una nueva y democrática fuerza policial, dirigida por civiles y que proteja sus derechos. La decisión de depurar a todos los miembros de la policía vinculados a la brutal violación de derechos humanos durante el levantamiento de abril de 2018, y aquellos involucrados en corrupción sistemática antes de 2018, debe ser tomada a tiempo para evitar la contaminación de una fuerza transitoria. Este proceso podría beneficiarse de las experiencias —ambas positivas y negativas— de otros países, en especial su vecino Honduras.
BIBLIOGRAFÍA
Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. (2019). “Reforma policial en Honduras: El papel de la Comisión Especial de Depuración y Transformación”, por David R. Dye y Eric L. Olson, Editores. Programa América Latina. Washington, D.C.
Olson, E.L. y Sabet, D. (2012). “Régimen disciplinario de la Policía Federal”. Sistema Integral de Desarrollo Policial: La construcción de una policía profesional en México. Volumen III. Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES). Recuperado de https://controlpolicialenlasdemocraciasdotcom2.files.wordpress.com/2013/12/03sidepol_low-4.pdf
