El miércoles 29 de mayo fueron presentados a nivel global los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023 (OBS, por sus siglas en inglés de Open Budget Survey), que prepara bianualmente el International Budget Partnership (IBP).
La OBS es un instrumento único de investigación independiente, comparativo y basado en hechos, que utiliza criterios aceptados internacionalmente que permiten i) evaluar la transparencia, es decir, la disponibilidad pública y la exhaustividad de la información presupuestaria del Gobierno central, ii) la participación ciudadana, es decir, las oportunidades formales para que el público participe en el proceso del presupuesto nacional y iii) la fortalezas de las instituciones de vigilancia del presupuesto, como los poderes legislativos (Asamblea Nacional) y las oficinas nacionales de fiscalización (Contraloría General de la República), en el proceso presupuestario.
En esta ocasión, en su novena edición, la encuesta comparó los resultados de 125 países, arrojando luces sobre cuán transparente son en materia presupuestaria sus gobiernos, las oportunidades que ofrecen a sus ciudadanos para participar en el proceso presupuestario y el estado del sistema de vigilancia que se supone debe ser ejercido por diversas instituciones independientes (parlamento o contraloría, por ejemplo).
Los resultados de Nicaragua y su contraste con el mundo:
Los resultados fueron presentados por el economista Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, y comentados por Alenxandre Ciconello, oficial superior de programas de IBP.
Aunque desde 2008 el índice de transparencia presupuestaria global ha aumentado, continua mostrando niveles insuficientes (puntuación igual o menor a 60/100). Sus resultados en parte se han visto condicionados por los desafíos que supuso el Covid-19, coyuntura que fue aprovechada por diversos gobiernos alrededor del mundo para sortear la fiscalización de las instituciones de vigilancia.
A nivel mundial, la puntuación promedio del índice de trasparencia presupuestaria fue de 45/100 (limitada), igual a la edición anterior de 2021; la participación ciudadana obtuvo 15/100 (poco o nulo), un punto más que hace dos años. En cuanto a la fortaleza de las instituciones de vigilancia, la supervisión legislativa alcanzó 45/100 (limitada) y la de la entidad fiscalizadora superior 62/100 (adecuado).
En el caso de Nicaragua, el Índice de Transparencia presupuestaria fue de 44/100, dos punto por encima de lo registrado en la edición de 2021 de la encuesta, pero menor que su máximo de 2015 cuando alcanzó 46/100. Esta leve mejora se debió a la publicación por primera vez de una versión simplificada del presupuesto (presupuesto ciudadano). En la América Latina, Nicaragua se mantiene rezagada, apenas por delante de Trinidad y Tobago, El Salvador, Bolivia y Venezuela. Brasil y México fueron de los países de la región que mayor información presupuestaria presentaron, alcanzando 80/100.
En cuanto a la participación ciudadana, Nicaragua logró en esta última edición 7/100 (poca), el mismo resultado que en 2021. Este puntaje, para 2023, solo la deja por delante de Venezuela (0) en la región.
En el caso del desempeño de las instituciones de vigilancia, la supervisión legislativa (Asamblea Nacional) alcanzó 63/100 (adecuada) y la de la entidad fiscalizadora superior (Contraloría General de la República) 33/100 (poca). En relación a los resultados de la supervisión legislativa, Labarca explicó que si bien la Asamblea de Nicaragua cuenta con un marco jurídico para ejercer una amplia supervisión del presupuesto, pero que en la práctica ha renunciado a ello.
Fortalecer la transparencia presupuestaria y la participación ciudadana, así como robustecer a las instituciones de vigilancia, son elementos básicos para lograr una mejor utilización de los recursos públicos.
A continuación, se comparten la grabación del evento y la presentación de los resultados.
