Reseña
El presente informe, “Poder sin mercado: la economía política del régimen Ortega-Murillo”, es el resultado de un esfuerzo por comprender una de las más determinantes de la crisis nicaragüense: la relación entre el poder político autoritario y el sector empresarial.
Desde Expediente Abierto concebimos esta investigación como un insumo analítico, no como un punto final. Su propósito es contribuir a una discusión más amplia sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro de Nicaragua. En particular, sobre cómo debería configurarse una relación sana, sostenible y democrática entre el Estado y el sector privado en un inevitable proceso de transición.
Hallazgo central:
El modelo económico del régimen no puede leerse solo en términos macroeconómicos: es un sistema de subordinación política del empresariado, operado bajo opacidad e impunidad institucional.
Patrón documentado:
El sector privado priorizó la continuidad de los negocios frente al deterioro democrático, generando una estabilidad aparente con reglas inequitativas y competencia distorsionada.
Alcance regional:
El riesgo no es exclusivo de Nicaragua: en toda Centroamérica persiste la tendencia empresarial a desvincular decisiones económicas de la responsabilidad democrática.
El mensaje central es inequívoco: el sector privado, en Nicaragua y en el resto de Centroamérica, no puede anteponer intereses transaccionales a la defensa de la democracia y la rendición de cuentas. Cuando lo hace, los costos alcanzan a todos —se erosionan las reglas, se distorsiona la competencia y se debilita la confianza en el sistema económico.
Una transición política no será suficiente si no va acompañada de una transformación en la cultura empresarial. La estabilidad duradera no depende de acuerdos informales con el poder, sino de instituciones sólidas, reglas claras y respeto al Estado de derecho. El sector empresarial tiene un rol más amplio del que tradicionalmente ha asumido: no solo como generador de empleo y riqueza, sino como actor clave en la defensa de un entorno donde la ley se aplique de forma imparcial, los derechos sean respetados y la competencia sea justa.
Esperamos que este informe sirva como herramienta para ese debate —para entender las dinámicas que han marcado el presente y evitar que se repitan en el futuro. Porque la experiencia reciente lo confirma: el crecimiento económico sin democracia es, en el mejor de los casos, incompleto; y en el peor, insostenible.