China ha ampliado de forma sostenida su presencia en Nicaragua mediante proyectos de infraestructura, préstamos en condiciones opacas, expansión tecnológica y cooperación en seguridad. Este avance genera riesgos económicos y políticos internos, y plantea implicaciones estratégicas más amplias para Centroamérica y para Estados Unidos en el marco de la competencia geopolítica global.
La investigación examina cómo el régimen de Daniel Ortega transformó la seguridad interna en Nicaragua hacia un modelo centralizado y autoritario. Aunque la crisis de 2018 fue clave, el control comenzó desde 2007 mediante reformas que integraron Ejército, Policía y paramilitares para unificar funciones y asegurar el dominio estatal.
China ha ampliado de forma sostenida su presencia en Nicaragua mediante proyectos de infraestructura, préstamos en condiciones opacas, expansión tecnológica y cooperación en seguridad. Este avance genera riesgos económicos y políticos internos, y plantea implicaciones estratégicas más amplias para Centroamérica y para Estados Unidos en el marco de la competencia geopolítica global.
La investigación examina cómo el régimen de Daniel Ortega transformó la seguridad interna en Nicaragua hacia un modelo centralizado y autoritario. Aunque la crisis de 2018 fue clave, el control comenzó desde 2007 mediante reformas que integraron Ejército, Policía y paramilitares para unificar funciones y asegurar el dominio estatal.
China has rapidly expanded its presence in Nicaragua through infrastructure projects, opaque loan agreements, technological penetration, and security cooperation. This advance has generated significant risks for Nicaragua’s economy, governance, and sovereignty, while also raising broader strategic concerns for Central America by consolidating a Chinese foothold with long-term geopolitical implications.
Estados Unidos anunció una medida bajo la Sección 301 contra Nicaragua con aranceles condicionales y escalonados para bienes que no cumplan reglas de origen CAFTA-DR: 0% en 2026, 10% en 2027 y 15% en 2028, sumados a gravámenes vigentes. La acción responde a abusos y violaciones de derechos, busca presionar al régimen y proteger cadenas regionales.