Entre 2020 y 2026, los países centroamericanos han incrementado de forma constante su gasto en seguridad y defensa frente al avance del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. Sin embargo, el informe ¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026), elaborado por Expediente Abierto, concluye que más presupuesto no equivale necesariamente a más seguridad.
Los que más gastan
Honduras, El Salvador y Guatemala destinan la mayor proporción de su presupuesto a estas áreas, superando en algunos casos el 9% del gasto del Gobierno Central. En el otro extremo, Costa Rica y Panamá (que abolieron sus ejércitos hace décadas) concentran sus recursos en cuerpos policiales civiles. Nicaragua, por su parte, mantiene un esquema combinado de policía, fuerzas armadas y «policías voluntarios» bajo un régimen que el informe califica de opaco y totalitario.
Resultados contrastantes
- El Salvador y Honduras registraron caídas notables en sus tasas de homicidio, asociadas a políticas de mano dura y estados de excepción. No obstante, estos logros enfrentan dudas sobre su sostenibilidad, la fiabilidad de las cifras oficiales y el respeto al Estado de derecho.
- Guatemala y Panamá muestran estancamiento, lo que sugiere una suerte de «acuerdo de no agresión» tácito entre estructuras criminales.
- Costa Rica en los últimos años viene experimentando un fuerte deterioro en materia de seguridad, impulsado por la expansión del narcotráfico y el crimen organizado.
- Nicaragua es un caso aparte, la falta de información independiente impide verificar las cifras oficiales, cuestionadas además por el uso político de las fuerzas de seguridad contra la disidencia y por señalamientos de colusión con el crimen organizado.
Problemas estructurales comunes
El informe identifica varios desafíos compartidos en la región:
- Comprensión limitada de la inseguridad y escasez de datos confiables.
- Debilidad en la planificación y gestión del presupuesto.
- Insuficiencia de personal capacitado, especialmente en Costa Rica y Honduras.
- Ausencia de políticas integrales que articulen policía, justicia y sistema penitenciario.
- Debilidad democrática e institucional, que facilita prácticas autoritarias y limita la fiscalización civil.
La conclusión central
El reporte plantea que la región enfrenta una «paradoja crítica»: el gasto en seguridad crece, pero las capacidades institucionales siguen siendo débiles y los resultados, desiguales. Muchas respuestas estatales han priorizado lógicas represivas y de corto plazo por encima de estrategias de prevención y fortalecimiento institucional.
Para Expediente Abierto, mejorar la seguridad en Centroamérica requiere algo más que dinero: mejor gestión, mayor transparencia, fortalecimiento del Estado de derecho y políticas públicas integrales que no sacrifiquen las garantías democráticas en el camino.
