Por Mirna Flores, PhD
Honduras con una Tasa de Homicidios de 35.8 muertes por 100,000 habitantes en 2022, es considerado el segundo país con mayor violencia homicida de la región latinoamericana, solo superado por Venezuela, además ocupa el primer lugar en la región Centroamericana con la tasa más elevada de homicidios, según el Balance de Insight Crime. La violencia en Honduras además de epidémica, porque rebasa con creces la Tasa promedio mundial de homicidios de 6.1, es también una violencia estructural que persistente y está incrustada por las diversas desigualdades sociales y condiciones socioeconómicas que abaten a la población.
Como se observa en el cuadro anterior, la brecha en las tasas de homicidios de Honduras en relación al resto de países centroamericanos para el año 2022, es notoria. A pesar de tener esa posición poco favorable, Honduras ha reducido la tasa de homicidios notablemente. Alcanzó las tasas más altas en 2011 y en 2012, con 86.5 y 85.5 muertes por 100,000 habitantes, luego hay una tendencia a la baja, alcanzando en 2017, 42.6 muertes por 100,000 habitantes, en los años posteriores se estabiliza hasta que en el 2022 se produce una reducción de 12.8% en relación al 2021.
Fuente: Observatorio de la Violencia de Honduras para los años 2011-2021.
Policía Nacional para el año 2022
La reducción de las tasas de homicidios está distante a las alcanzadas por El Salvador en los últimos años, que descendió a 7.8 muertes por 100,000 habitantes, después de haber alcanzado el pico máximo de 103 muertes por 100,000 habitantes en 2015.[1] Esa reducción drástica de El Salvador, ha ejercido presión sobre el gobierno de Honduras y particularmente sobre la Policía Nacional para reducir los homicidios, por lo que han emulado medidas como el Estado de Excepción, que a diferencia de El Salvador no ha sido aplicado en todo el país, sino que se focaliza principalmente en los barrios controlados por los pandilleros en las dos principales zonas urbanas de Honduras, Tegucigalpa-Comayagüela y San Pedro Sula.
El estado de excepción inició el 6 de diciembre del 2022, ha sido ampliado en dos ocasiones y mantiene su vigencia hasta el 20 de abril. No obstante, ¨ante el éxito¨ declarado por la Policía Nacional, se prevé que pueda ser ampliado. El estado de excepción funciona en 162 los barrios donde supuestamente viven y manejan sus operaciones las maras y otras bandas criminales, y también han sido incorporados otros municipios a la medida.
Los operativos son realizados por policías y militares, el impacto y los resultados del Estado de Excepción hasta ahora no parecen ser contundentes, tomando en cuenta el propósito que se planteó que fue hacer grandes redadas de mareros y desmontar las estructuras pandilleriles para atacar la extorsión. Sin embargo, son los mismos empresarios, comerciantes y dueños del transporte urbano que demandaban respuestas del gobierno quienes han expresado que siguen pagando la extorsión en el contexto del Estado de Excepción.
Diversos organismos de derechos humanos internacionales y nacionales se han pronunciado advirtiendo los riesgos de esa medida. El Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) ha alertado sobre los riesgos de continuar extendiendo el estado de excepción para los derechos humanos y ha expresado en sus informes que los problemas de registros y la opacidad en el manejo de las cifras que presenta la Policía Nacional impide conocer el impacto real de la medida y tener confianza en los logros establecidos por la policía. La presencia de los militares en el marco del estado de excepción forma parte del fortalecimiento de la presencia militar en tareas de seguridad pública.
La salida a las calles de los militares ha sido en las dos últimas décadas, una de las medidas más visibles de la intervención militar en la seguridad pública. El otro mecanismo de fortalecimiento del papel de los militares en la seguridad pública ha sido el aumento del presupuesto para el Sector Defensa. Entre 2014 y 2017 el presupuesto de la Secretaria de la Defensa Nacional aumentó en 55.6%, lo que representa el 2.9% del presupuesto nacional. En ese periodo el 41% de los fondos que se dirigieron al Sector Seguridad, Defensa y Justicia correspondían a las Fuerzas Armadas.
Pese a que las Fuerzas Armadas se han visto involucradas en graves violaciones a los derechos humanos, el presupuesto que se les asigna aumenta año con año y la participación en tareas policiales lejos de debilitarse se han fortalecido. Las fuerzas militares junto a la policía se vieron fuertemente señaladas en el periodo poselectoral de 2017. Particularmente fue puesta en cuestión la Policía Militar de Orden Público por el uso excesivo de la fuerza ante los protestantes y transeúntes causando graves violaciones a los derechos humanos, provocando muertes y lesiones graves.
La intervención de los militares en la política y la seguridad pública ha sido una situación permanente en la historia de Honduras. En 1956 accedieron al poder durante 14 meses, desde 1963 preservaron el poder durante 18 años. Durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) el ejército fue sacado a las calles a combatir a las maras; durante el gobierno de Manuel Zelaya se promovió el apoyo partidario de las Fuerzas Armadas, ¨bajo la premisa que actuaría bajo las órdenes del comandante en jefe¨[2]. En 2009, los militares en alianza con políticos y empresarios ejecutaron un golpe de estado contra el gobierno de José Manuel Zelaya.
En el periodo pos-golpe de estado se crearon todas las condiciones para el fortalecimiento de la remilitarización de la seguridad pública. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, particularmente el último año de gobierno, en que la influencia del Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial, fue notable, se aprobaron decenas de leyes y reformas relacionadas con los sectores seguridad y justicia. Solo entre 2010 y 2014 fueron aprobadas 34 disposiciones legislativas relativas a la seguridad y la defensa.
Entre esas leyes, reformas y disposiciones están: en 2011, la modificación del texto del artículo 274 de la constitución política que amplía la jurisdicción de las fuerzas armadas en el cumplimiento de las tareas de seguridad interna; en 2012, se aprueba la ley que validó la intervención de las comunicaciones privadas; ese mismo año fue aprobada la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad TIGRES; en 2013, se crea la Ley de la policía Militar de Orden Público (PMOP); en 2014, surge la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA); en 2018, fue creada la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) adscrita al Sector defensa; también ese mismo año surge la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas integrada por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Publico; en 2019, se conforma la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Interurbano, integrada por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Publico, Dirección de investigación e inteligencia, Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, FUSINA y Poder Judicial.
La presidenta actual Xiomara Castro (2022-2026), en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras, asumió varios compromisos que involucran al Sector Defensa, entre ellos: la desmilitarización de la seguridad pública, la determinación de la temporalidad de la Ley de Policía Militar de Orden Público, priorizar los presupuestos del sector salud, educación a la inversión sobre los presupuestos de seguridad y defensa, y asegurar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el proceso de decisiones para avanzar en esos compromisos ha sido contradictorio y cambiante; por ejemplo se ha aumentado el presupuesto de las Fuerzas Armadas, se está fortaleciendo la presencia militar en la seguridad pública y particularmente el rol de la Policía Militar de Orden Público.
[1] INFOSEGURA El Salvador. https://infosegura.org/seccion/el-salvador/
[2]Barrachina Lisón, 2016. https://www.scielo.org.mx/pdf/peni/v11n1/1870-5766-peni-11-01-00025.pdf
