Por Carlos Barrachina Lisón
El presente informe lleva a cabo un diagnóstico general de la crisis de inseguridad que se vive en México. Este estudio adopta una perspectiva que resalta la importancia del análisis de lo local en el esfuerzo por comprender, en su justa dimensión, los niveles de violencia que hoy afectan a todas las entidades federativas del país en términos de violencia homicida y otros delitos asociados al narcotráfico. En el desarrollo de esta investigación se enfatiza el caso de la Frontera Sur, cuya ubicación estratégica permite a las organizaciones criminales desplegar una mayor actividad en zonas de flujo migrante, atractivo turístico o rutas para el trasiego de narcóticos.
Asimismo, en el informe se comparan las estrategias de seguridad pública adoptadas por los últimos presidentes mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), Enrique Peña Nieto (2012–2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), mostrando la tensión constante entre militarización y ciudadanización de la seguridad pública en México.
De acuerdo con el autor, de semejante tensión derivan algunas de las cuestiones más apremiantes que una política exitosa en esta materia, orientada a reducir los niveles críticos de violencia y criminalidad en el país, debería atender. Dichas cuestiones refieren, por un lado, a la posibilidad de conciliar una estrategia efectiva de seguridad pública con el orden democrático y los derechos humanos. Por otra parte, a la necesidad de formular un marco jurídico robusto para que las Fuerzas Armadas, a quienes hoy el gobierno –y en cierto sentido la sociedad– ha encomendado tareas de seguridad ciudadana, desarrollen sus labores en armonía con el estado de derecho.
