Resumen Ejecutivo
Este informe analiza la creciente influencia de empresas de origen chino en el sector minero metálico de Nicaragua, en un contexto marcado por la falta de transparencia, el debilitamiento deliberado del marco legal y el desmantelamiento de los controles ambientales, territoriales y financieros. La investigación se centra en la minería metálica industrial, debido a su alto impacto económico, ambiental y social, y documenta cómo el régimen nicaragüense ha reconfigurado el aparato institucional para facilitar la expansión minera asociada a capitales chinos.
El estudio identifica al menos 32 lotes mineros otorgados a empresas de origen chino, que cubren más de 511 mil hectáreas, equivalentes a aproximadamente el 4.3 % del territorio nacional, con al menos tres lotes adicionales en proceso de solicitud. Estas concesiones se concentran principalmente en la Costa Caribe, el norte y el sur del país, afectando 28 municipios, siete territorios indígenas y afrodescendientes, y múltiples áreas protegidas de importancia nacional e internacional, incluyendo las Reservas de Biosfera Bosawás y Río San Juan, la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
El informe demuestra que la expansión minera china ha sido acompañada por reformas legales estratégicas entre 2021 y 2025, orientadas a centralizar el poder en el Ejecutivo, eliminar controles municipales, debilitar el sistema de evaluación ambiental y legalizar actividades previamente prohibidas, como la minería en áreas protegidas. Estas reformas han eliminado la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental rigurosos, suprimido la consulta pública y permitido el otorgamiento acelerado de concesiones mediante mecanismos opacos, incluidos acuerdos no publicados con entidades estatales sancionadas.
Asimismo, se documenta una violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, al otorgarse concesiones mineras sin procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), en contravención de la Ley 445, el Convenio 169 de la OIT y otros compromisos internacionales asumidos por Nicaragua. La figura de las Áreas de Reserva Minera ha sido utilizada como un instrumento para imponer la actividad extractiva en territorios comunales, configurando procesos de despojo de facto.
Desde el punto de vista económico y financiero, el análisis revela importantes inconsistencias entre los datos de exportación de minerales reportados por Nicaragua y los registros de importación reportados por China, particularmente en el caso del cobre y otros minerales estratégicos. Estas discrepancias sugieren prácticas de subfacturación, uso de clasificaciones arancelarias ambiguas y posibles pérdidas millonarias de ingresos fiscales para el Estado nicaragüense. Adicionalmente, varias empresas mineras de origen chino no cumplen con sus obligaciones de registro y control ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incrementando los riesgos de ilícitos financieros.
Finalmente, el informe concluye que las políticas y prácticas del Estado nicaragüense incumplen el Capítulo 15 (Medio Ambiente) del Tratado de Libre Comercio Nicaragua–China, en particular los artículos relativos a niveles de protección ambiental, prohibición de debilitar la legislación ambiental para promover comercio o inversión, y aplicación efectiva de acuerdos multilaterales ambientales como la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Ramsar y el Convenio de Minamata.
En su conjunto, los hallazgos evidencian que la minería vinculada a capitales chinos en Nicaragua no responde a un modelo de desarrollo sostenible, sino a una estrategia extractiva de corto plazo que compromete la biodiversidad, los derechos humanos, la soberanía sobre los recursos naturales y la sostenibilidad fiscal del país. El informe subraya la urgencia de acciones de monitoreo, incidencia y rendición de cuentas a nivel nacional e internacional, así como la necesidad de una revisión integral de este modelo extractivo en cualquier escenario de transición democrática futura.
