Por Armando Chaguaceda y Coco Fusco*
Han pasado dos años desde que la protesta más grande en la historia moderna de Cuba llegó a los titulares. El 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos marcharon en más de cuarenta ciudades y pueblos y arremetieron contra los excesos y fracasos de su gobierno. Aunque la escasez de alimentos y energía provocó la decisión de los manifestantes de salir a las calles, sus cánticos emplazaron al estado cubano: “¡Abajo la dictadura!”, “libertad” y la exitosa canción “Patria y vida” se podían escuchar en toda la isla.
La respuesta de las autoridades cubanas fue rápida y dura: el presidente Miguel Díaz-Canel salió en television y convoco a sus leales a combatir a los “contrarrevolucionarios”. Las fuerzas especiales cubanas patrullaron las calles en jeeps, mientras milicias armadas con garrotes golpeaban a quienes protestaban1. Alrededor de 1839 personas fueron detenidas, 777 personas permanecen en prisión y 897 han sido juzgadas. Las sentencias han oscilado entre cinco y treinta años por cargos de conducta desordenada, falta de respeto a la autoridad, robo y sedición2. Entre los encarcelados se encuentran el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero ganador del premio Grammy, Maykel Osorbo, y los disidentes José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Después de ser tomadas por sorpresa por un estallido público espontáneo, las autoridades cubanas han implementado medidas más represivas. El servicio de internet desapareció misteriosamente cuando surgieron las protestas3. El nuevo código penal cubano aumentó las penas por expresiones públicas de descontento y criminalizó el uso de las redes sociales para hacer circular “información falsa”4. Decenas de periodistas independientes, activistas y artistas disidentes se han visto obligados a abandonar el país para evitar el encarcelamiento. Todo esto, combinado con la peor crisis económica de la isla desde la década de 1990, ha
llevado al mayor éxodo en la historia moderna de Cuba. Mas de 300,000 cubanos entraron en Estados Unidos de América el pasado año5, obligando a Washington a reabrir las conversaciones con la Habana el invierno pasado. La difícil situación de los
presos políticos es un tema de conversación clave.
La presión de Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, los obispos cubanos, la Organización de Naciones Unidas y grupos de derechos humanos aún no ha logrado convencer al gobierno cubano de liberar a los presos políticos. Cuando 300 presos políticos nicaragüenses fueron liberados en febrero de 2023, algunos especularon que los presos políticos cubanos pronto seguirían. Pero seis meses de negociaciones no han arrojado ninguna señal por parte de Cuba sobre intenciones de otorgarles amnistía, indultos u ofrecerles exilio. El liderazgo de la isla se ha apegado a su libro de jugadas de movilizar a los partidarios internacionales para intensificar sus denuncias de las sanciones de Estados Unidos desviando la atención de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba.
No es ningún secreto que el gobierno cubano quiere que la Administración Biden lo elimine de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Obama hizo precisamente eso en 2015, cerca del final de su segundo mandato, evitando así un retroceso mientras estaba en el cargo. Sin embargo, Trump lo restauró en 2021. Es poco probable que la Administración Biden haga tal concesión antes de las elecciones de 2024; de hecho, el Secretario de Estado Anthony Blinken anunció recientemente que Cuba permanece en la lista. Al mismo tiempo, se ha vuelto a presentar otro proyecto de ley del Congreso para levantar el embargo, a pesar de que obtener los votos necesarios para aprobarlo es prácticamente imposible. Al negarse a liberar a los prisioneros, el gobierno cubano corre el riesgo de tener que enfrentar sanciones aún más duras y un cierre de las conversaciones si hay una victoria republicana en las próximas elecciones presidenciales. Pero los veteranos en el Consejo de Ministros cubano están más acostumbrados a estar a la defensiva contra su vecino del norte que a sentirse cómodos aceptando una tregua.
El gobierno cubano y sus partidarios culpan a las sanciones de Estados Unidos por los problemas económicos del país. Pasan por alto la disminución de los suministros de petróleo de Venezuela, el desvío de recursos hacia el turismo y los desastrosos intentos del gobierno cubano de reestructuración económica en los últimos dos años, que ha empujado el tipo de cambio de 1:24 en 2020, a 1:180 en 2023. Ese enfoque singular en las políticas estadounidenses da crédito a la posición de que eliminar las sanciones necesariamente permitiría a Cuba prosperar. Ya sea que uno esté de acuerdo o no con ese punto de vista, el bloqueo no explica ni justifica el aparato estatal represivo de Cuba y su triste historial de derechos humanos.
Que Cuba liberalizaría su sistema o se convertiría en un socio comercial confiable si se eliminaran las sanciones es cuestionable. Mientras autoridades cubanas estancan conversaciones con Estados Unidos, han procedido a toda velocidad a firmar nuevos acuerdos con Rusia para aumentar los lazos económicos que implican fortalecer las alianzas políticas con un país que gran parte del mundo considera un estado enemigo6. También han estado viajando por el mundo en busca de alivio de la deuda, lo que no es exactamente una indicación de estabilidad fiscal7. El gobierno cubano ha aumentado la regulación y los impuestos a la empresa privada durante el mandato del presidente Díaz-Canel, haciendo que muchos esfuerzos comerciales privados sean financieramente insostenibles8.
El éxodo masivo de los últimos años está compuesto en gran medida por jóvenes que son necesarios para encabezar iniciativas comerciales y proporcionar los servicios calificados necesarios. La fuerte caída del turismo durante la pandemia de COVID-19 obligó a la mayoría de los cubanos que habían ofrecido alimentos, alojamiento y servicios de guía turístico a cerrar sus negocios, mientras que la competencia de los países vecinos del Caribe que ofrecen servicios de mayor calidad a mejores precios reduce las posibilidades de un repunte. Con la inflación en su punto más alto, pocos residentes de la isla pueden permitirse consumir más de las necesidades más básicas. Las pequeñas empresas dedicadas a servicios y reparaciones no son suficientes para reconstruir una economía nacional que está al borde del colapso. Se necesitaría una afluencia masiva de ayuda para que Cuba funcionara.
Los experimentados negociadores cubanos seguramente saben que no es probable que el embargo se levante en un futuro próximo, pero si la isla es eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, será elegible para ayuda humanitaria, inversión extranjera y préstamos internacionales. Los estándares normales exigirían un monitoreo que rastree cómo se entrega la asistencia a las poblaciones afectadas, pero el gobierno cubano no permite que las ONG operen de manera independiente y se niega a aceptar delegaciones extranjeras para inspeccionar sus prisiones o presenciar procedimientos judiciales. También considera ilegítimas a las organizaciones cívicas no gubernamentales y califica a los medios independientes que informan sobre las condiciones de vida y la represión estatal como fuerzas “desestabilizadoras”. En los últimos años han surgido informes que alegan que el gobierno cubano vende alimentos y medicinas donados a precios exorbitantes9, lo que sugiere que sería difícil garantizar que la ayuda humanitaria se distribuya adecuadamente.
Cualquier asistencia futura sólo debe ofrecerse a cambio de garantías de cambios cruciales por parte de Cuba. Se deben establecer límites en cuanto a la cantidad de armamento que Cuba puede importar, dada su proximidad con los Estados Unidos y su alianza con Rusia y China. El gobierno cubano debe permitir que las organizaciones de derechos humanos ingresen al país y debe crear marcos legales para que las organizaciones cívicas locales funcionen, de modo que se respeten las libertades civiles, para que las empresas locales crezcan y para que los inversionistas extranjeros ejerzan control sobre las empresas que financian. El gobierno de Cuba debe aceptar que para participar en los beneficios que otorgan los países democráticos, debe aceptar sus reglas y dejar de tratarse a sí mismo como una excepción. Sin esas garantías, solo podemos esperar tener más presos políticos allí en el futuro.
*Sobre los autores:
Armando Chaguaceda, politólogo e historiador, El Colegio de Veracruz, Mexico
Coco Fusco, artista, escritora y profesora en Cooper Union, New York
[1] Véase el reporte de Vincent (2021, 13 de julio) sobre los grupos simpatizantes al gobierno que contribuyeron a acallar la protesta en Cuba (ver aquí)
[2] El trabajo periodístico de López y Kurmanaev (2022, 14 de enero) ofrece detalles sobre estas cifras (ver aquí)
[3] El informe de Cibercuba (2021, 31 de julio) brinda pormenores del recorte de internet (véase en este enlace)
[4] El comunicado de Amnistía Internacional sobre el hecho, “Cuba: El nuevo Código Penal presenta un panorama aterrador para 2023 y años posteriores”, puede ser encontrado aquí
[5] Sobre las nuevas tendencias migratorias de Cuba puede verse el reporte de Reuter (ver aquí)
[6] Véase el reporte de Acosta y Sherwood en Reuters (ver aquí)
[7] Detalles sobre estas acciones de las autoridades cubanas pueden encontrarse en este trabajo periodístico de Frank (2022, 30 de noviembre)
[8] Se recomienda el trabajo de Padrón y Feinberg (2018) (ver aquí)
[9) Un reporte de Acosta (2021, 01 de mayo) presenta información al respecto (ver aquí)
