Recientemente han sido presentado los resultados de la 10ma. edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés), que prepara bianualmente el International Budget Partnership (IBP), que en esta ocasión examinó los casos de 82 países en materia de transparencia presupuestaria. En esta edición Nicaragua logró concretar mejoras puntuales; sin embargo, estos no reflejan cambios estructurales en la forma en que se gestiona y supervisa la información presupuestaria, por lo que el país sigue rezagado en los principales indicadores.

La OBS es una evaluación independiente y comparativa de alcance mundial que analiza, con base en estándares internacionales, el nivel de transparencia del presupuesto del gobierno central, las oportunidades que tiene la ciudadanía para participar en el proceso presupuestario y la eficacia de las instituciones encargadas de supervisarlo, como el poder legislativo y las entidades de auditoría.

Ilustración 1. Aspectos examinados por la encuesta OBS

Transparencia

A nivel mundial, el índice de transparencia presupuestaria global se mantiene estacado en 45 de 100 puntos, muy por debajo del umbral de 61 puntos considerado como el mínimo necesario para que la ciudadanía pueda acceder a información presupuestaria suficiente.

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Nicaragua por su parte ha presentado cierta mejora en este indicador, al alcanzar en la reciente edición un máximo de 50 puntos, detrás del promedio de Latinoamérica y el Caribe de 57. En tiempos recientes, el país ha ampliado puntualmente la información disponible. Sin embargo, no reporta avances en lo que son consideradas buenas prácticas como lo es la publicación del Presupuesto Ciudadano (lo hay hecho en forma intermitente), la publicación de una revisión de medio año, mayores detalles sobre los riesgos fiscales y datos sobre la deuda, mayores detalles en el informe de liquidación, entre otros aspectos.

Participación pública

La OBS evalúa cuán oportunos, inclusivos, transparentes y receptivos son los mecanismos de participación en las distintas etapas del proceso presupuestario, en línea con los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés).

En este sentido, a nivel global los resultados continúan siendo limitados, con un promedio de 17 puntos sobre 100. Nicaragua, por su parte se mantiene estancada en 7 puntos, ubicándose significativamente por debajo del promedio de 26 puntos alcanzado por América Latina y el Caribe.

Ilustración 2. Proceso presupuestario

Las y los nicaragüenses tienen prácticamente una nula posibilidad de participación en el proceso de formulación e implementación del presupuesto y escasas posibilidades de incidir en los procesos de aprobación y auditoría. Ante ello, la IBP recomienda permitir una amplia y libre participación de la sociedad civil en los procesos presupuestarios que conducen el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Asamblea Nacional, así como fomentar la participación pública en los procesos de auditoría que desarrolla la Contraloría General de la República (CGR).

Vigilancia

La OBS también evalúa la solidez e independencia de las instituciones fiscalizadoras. En el caso de Nicaragua esta labor la desarrollan el Poder Legislativo y la CGR, instituciones que conjuntamente logran un alcance limitado en este propósito al obtener una puntuación de 54 sobre 100. La capacidad del Poder Legislativo es apenas suficiente (61 puntos sobre 100), mientras que en el caso de la CGR, la entidad fiscalizadora superior en el país, esta es mucho más débil (39 sobre 100).

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Ante este panorama, la IBP recomienda que el Poder Legislativo desarrollo de un análisis y debate exhaustivo sobre el presupuesto nacional. En el caso de la CGR, la IBP recomienda que la autoridad máxima de la entidad fiscalizadora superior en el país sea aprobada por el Poder Legislativo o Judicial, que la institución cuente con presupuesto suficiente para desarrollar sus labores y que se garantice su completa autonomía.

Conclusiones

Los resultados presentados por la OBS 2025 muestran que Nicaragua ha mejorado algunos aspectos formales de la publicación de información presupuestaria, pero no ha transformado la manera en que se toman, supervisan o fiscalizan las decisiones sobre el uso del erario público. A la fecha, persiste la ausencia de espacios de participación ciudadana, las debilidades en los mecanismos de control y la falta de independencia de las instituciones fiscalizadoras. Por tanto, más que un cambio de rumbo, la encuesta refleja un ejercicio de transparencia selectiva: se publican algunos detalles, pero se mantienen cerrados los procesos donde realmente se decide, controla y evalúa el presupuesto. Mientras esto no cambie, las mejoras seguirán siendo cosméticas y el país se mantendrá alejados de los estándares de buenas prácticas internacionales.