En América Latina, por derecha o izquierda, ha habido un uso plebiscitario, demagógico y populista del discurso de la participación
En entrevista con Expediente Abierto, el analista y profesor cubano Armando Chaguaceda, afirma que hay experiencias positivas como en Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica o Colombia donde la participación ciudadana no puede ser convocada por el presidente, el gobernador o partidos en el gobierno.
El anteproyecto de la Ley de Mesa Nacional de Participación Ciudadana enviado al Congreso Nacional de Honduras el pasado 21 de septiembre por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha generado inevitables comparaciones con los mecanismos de manipulación ciudadana implantados en otros países con ideología de izquierda.
En Cuba se les conoce como Consejos Populares, en Venezuela como Consejos Comunales y en Nicaragua como Consejos del Poder Ciudadano, que en teoría surgieron para impulsar la democracia participativa, pero que en la práctica ejercen como instancias de control y vigilancia de la oposición política y sociedad civil.
El politólogo e historiador cubano, Armando Chaguaceda ahonda sobre los antecedentes, alcances, peligrosos y lo que debería hacer la sociedad civil para dar la voz de alerta sobre una posible desviación de la participación ciudadana a organismos de control del Estado en barrios y comunidades.
¿Cuando hablamos de participación ciudadana en gobiernos autoritarios o populistas, de qué se trata en realidad?
Los mecanismos democracia participativa y directa existen tanto en dictaduras como en democracias. Son formas en las cuales los habitantes de una ciudad o país participan en la cosa pública, pronunciándose por temas específicos o para hacer propuestas, seguimiento y control a la gestión gubernamental, a través de asambleas, en referendos, en diferentes formatos.
En el caso de las dictaduras o autocracias, esas instituciones se crean no para ampliar la participación ciudadana, sino para manipularla. Es el fenómeno que algunos hemos llamado participacionismo, que te lo puedo graficar como crear un mar de participación…con un milímetro de profundidad. Una participación que no es autónoma porque siempre son convocadas desde el Estado y el partido oficial o único, que tiene un marcado propósito de legitimar políticas decididas antes por las autoridades, donde las personas van más como militantes o simpatizantes del oficialismo que como ciudadanos con ideas plurales.
Manipulación de los mecanismos de la democracia
Los principios de esa visión participacionista, manipuladora de los mecanismos de democracia directa y participativa, sobre todo en espacios locales, pero también en grandes referentes o plebiscitos, tiene una larga historia en la política contemporánea y es muy característica de regímenes autoritarios y gobiernos populistas. Es la lógica detrás, a pesar de las diferencias, de experiencias como las asambleas de los Consejos Comunales en Venezuela, los Consejos Populares en Cuba y los Consejos de Poder Ciudadanos en Nicaragua y también de las convocatorias de referéndums organizadas por estos regímenes.
¿Cuáles serían las similitudes de los mecanismos de participación en ciudadana en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Creo que tienen elementos comunes: los tres son modelos de participación sin empoderamiento ni autonomía, con un sesgo participacioncita, donde no se reconoce la ciudadanía como un actor plural, sino como una base social del partido gobernante. Donde no hay participación autónoma, sino movilización consultiva, donde estas instancias de participación se convierten en correas de transmisión en las cuales un partido de gobierno baja órdenes, moviliza y, a veces, distribuye recursos.
Desde otra perspectiva, cabe indicar que los tres casos que estamos hablando -Cuba, Nicaragua y Venezuela- no tienen exactamente el mismo diseño y evolución. Cuba es un régimen de partido único, de diseño soviético donde no se reconoce la oposición política. Nicaragua es un régimen de partido hegemónico, casi único para todo efecto práctico, pero donde ha habido una oposición que ha sido reprimida. Venezuela es un régimen autoritario con una oposición más grande, más robusta, si bien dividida y donde sigue habiendo una movilización social importante. Pero hay elementos comunes: los tres además son regímenes que vienen de una ideología de izquierda radical autoritaria y antiliberal. No son una izquierda socialdemócrata, ni siquiera ya son Nicaragua y Venezuela gobiernos populista, pues ya esa fase la pasaron. Ahora son claramente autoritarios.
Y en esos tres regímenes la participación es concebida como movilización de bases aclamantes de organizaciones subordinadas, que cumplen esas funciones movilizadoras, legitimadoras, consultivas y distributivas de ciertos recursos. Entonces sí creo que hay comparabilidad entre esos casos -los que, además, cooperan entre sí para la represión y el posicionamiento internacional- si bien no son, insisto, exactamente idénticos, ni por el recorrido histórico ni por la correlación de actores internos en cada país. En resumen, hay diferencias y hay factores comunes.
¿Por qué se dice que el espionaje es una característica de esos mecanismos de supuesta participación ciudadana?
Ese es una de las cosas que se ha visto en algunas fases de estos procesos. Los Consejos como extensión del aparato de control del Estado/Partido en la comunidad, en el barrio. Pueden cumplir funciones también de control o espionaje de aquellas personas que disienten, los vecinos o líderes locales sociales. Su efectividad depende del contexto del país. Si todavía hay una oposición que es legal, está viva y actúa, sea en ámbitos de las comunidades o en ámbito de las instituciones, estos mecanismos pueden servir para introducir el control a nivel barrial. Si es un país donde ya la dictadura está consolidada y suprimió, de facto y jure, a la oposición política y la sociedad civil autónoma, pues más bien sirven para mantener ese control.
CPC de Nicaragua subordinados a Ortega
Es importante recordar que en las etapas iniciales -por ejemplo, cuando se empezaron a mencionar y crear los Consejos de Poder Ciudadano en Nicaragua, a partir de 2007- se imponían sobre una institucionalidad previa de la democracia liberal, un modelo participativo y consultivo abierto a la sociedad civil plural y a otros actores. Eso se sustituyó por esa estructura que está, desde la base hasta la cúpula, subordinada al partido gobernante y por Estado que es ocupado por ese partido. Los trabajos de colegas nicaragüenses como Silvio Prado, Roberto Stuart, Elvira Cuadra, Sofía Montenegro y mis propios análisis dan cuenta de eso.
Lejos de la impronta de manipulación que se ha dado a esos espacios de participación comunitaria, si un país los quiere implementar con una buena intención, ¿Qué propósitos tendría o que podrían a lograr?
Bueno, primero la democracia participativa y/o directa es una forma de democracia que coexiste con la democracia representativa, no la sustituye; porque está hablando de procesos distintos en el campo político. La democracia representativa supone que los ciudadanos eligen el representante porque las sociedades modernas son muy complejas y grandes por escala; todo el mundo no participa todo el tiempo en todo. Entonces hay un espacio de representación política en la democracia liberal, pero también hay espacios para que los vecinos, las personas que tienen interés o experticia en ciertas áreas de la política pública participen en ciertas instancias; por ejemplo, en los llamados consejos ciudadanos que existen en América Latina, Europa y en Estados Unidos.
Aparecen asambleas ciudadanas, instituciones un tanto híbridas a medio camino entre el gobierno y la comunidad, más bien del ámbito local, en que los ciudadanos, los vecinos participan para algo que los afecta. Eso no está reñido con la democracia representativa, con votar, tener partidos plurales y representantes electos. Lo que sí está reñido es cuando aquellas estructuras se convierten en correas de transmisión de un partido de gobierno, cuando anulan la diversidad de la sociedad civil. Si en un país se crea, por ejemplo, una instancia de supuesta participación ciudadana que está subordinada a la Presidencia; cuando la presidencia es la única que los activa y no puede ser convocada por otros actores políticos y sociales. Cuando la participación real está limitada, de Jure o de facto, a los simpatizantes políticos de esa Presidencia. Cuando, siendo el gobierno es el que provee recursos a través de esas instancias, después de realizar en los barrios los presupuestos participativos, ese gobierno manda dinero para reparar calles a sus simpatizantes o impide el funcionamiento a una asamblea en una zona del país que es opositora.
Esos son los elementos que hay que ver y a nivel retórico, en la fase temprana, si aparece un ataque a la democracia representativa pretextando que se promueve la democracia participativa como la única democracia posible. Adjetivándola como una democracia popular, por ejemplo. Si hay un discurso así, clásicamente populista, de ataque al pluralismo, a los partidos, a la sociedad civil, si se habla homogéneamente de pueblo en vez de reconocer una ciudadanía diversa, ahí creo que hay señales de un intento participacionista de manipulación (no) democrática.
Retórica del empoderamiento
En Honduras está en proceso de aprobación legislativa una propuesta de Ley de Mesa Nacional de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión tiene usted de la misma?
Es muy vaga, genérica. Básicamente hay una retórica de empoderamiento detrás de una iniciativa de protagonismo de la Presidencia y que, a la vez, se presenta como un espacio abierto a diferentes actores. Abierto a sectores sociales y económicos lo que en principio no está mal, pues sería un espacio de concertación, no necesariamente participación. Ahora, como se ve por la preocupación de actores políticos opositores en las notas de prensa, hay que evaluarlo en su contexto y trasfondo de disputa política. Porque cada una de estas medidas no hay que verle en sí misma, sino dentro de un marco político. Si esto es una iniciativa exclusivamente del gobierno nacional, si tiene en sus atribuciones un fuerte sesgo de Presidencia y si, por ejemplo, si el modelo que sustituye era más plural más abierto -por su convocatoria, por quién podía convocarlo, quien participaba, sobre qué áreas decidían- habría que evaluar con cuidado este proyecto de ley. Si va de la mano con algún intento de refundación y formateo del régimen político por una vía de Asamblea Constituyente hay que verlo con cuidado. Porque eso ha pasado en otros países, donde las Asambleas Constituyentes han sido un espacio de manipulación de la participación y de sobrerrepresentación de actores del oficialismo, para cambiar las reglas y diseño del régimen y proceso político. Véase la experiencia andino-bolivariana.
Estar atento a la intención
Si una convocatoria de esta índole va de la mano a un gobierno que quiere reforzar su posición mediante una Constituyente para refundar el sistema político, si su partido tiene tradiciones populistas o relaciones clientelares con organizaciones sociales que moviliza, si su liderazgo ha tenido retórica o actuaciones populistas de ataque la democracia representativa, todo eso lo que hay que evaluar. No se puede evaluar una ley, discurso o instancia participativa por lo que dicen de sí misma en el papel; sino dentro de un marco general, ubicando las intenciones de los actores y la relación de fuerza entre estos en el campo político.
En América Latina hay experiencias positivas -en Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, etc.- de experiencias de democracia directa y participativa virtuosas que por ejemplo no pueden ser convocados por el presidente, el gobernador o el alcalde, que están abiertos a su activación por la ciudadanía, donde están garantizadas la pluralidad de la sociedad civil y no solo las organizaciones sociales afectan al partido gobierno. Hay buenas prácticas ciudadanas, opuestas al participacionismo populista y autoritario, que deberíamos siempre considerar para la innovación democrática
En la propuesta de Ley dice que este grupo integrado por la sociedad civil no tendría salario, ni manejaría fondos provenientes del gobierno, sino que sería como un mecanismo independiente.
Eso puede ser un alma de doble filo. Por un lado, hay toda una crítica ciudadana a los excesos de las clases políticas, que empalma con una tradición política republicana que habla de la virtud cívica, la virtud del ciudadano que participa en la cosa pública sin esperar remuneración. Existen en países democráticos espacios en los cuales los ciudadanos aportan su conocimiento y tiempo libre dentro de una participación no remunerada y no profesional. Pasa en países como Suiza, Estados Unidos, regiones de Europa y América Latina donde hay fuertes tradiciones democráticas locales. Pero también, en un país pobre donde los integrantes de las organizaciones sociales dedican muchas energías a sobrevivir en su día a día. Dedicar tiempo a un espacio Ad honorem les impediría participar. Recuerda que en la democracia esencialmente asamblearia de la Grecia clásica, por ejemplo, Clístenes y Pericles se dieron cuenta que tenían que pagar los atenienses un emolumento, un dinero para que fueran los días de asamblea. Porque había gente -artesanos, campesinos- que no podía abandonar su profesión ese día. Eso no los convertían en profesionales de la participación, no vivirían a partir de eso, pero el día que iban a participar se le pagaba algo no para compensar la ausencia del trabajo.
Dinero para financiar participación
Entonces yo creo que también denunciar el tema del dinero puede ser una vía para desincentivar en ciertos casos la participación. Por otro lado, si yo no pago a nadie por estar en ese lugar, pero quizás puedo sacar de manera ilegal dinero de otras fuentes para poner allí a mis simpatizantes, entonces puede ser un espacio para tener gente leal sin ser auditado, para desincentivar la participación de las personas u organizaciones de sectores populares, que tengan vulnerabilidad económica. Eso también puede generar lógicas perversas, porque por ejemplo en un espacio consultivo participativo abierto al gremio empresarial, pues los empresarios pueden destinar más recursos y tiempo libre a participar; lo que podría sobrerrepresentar a los empresarios en detrimento de sectores populares. Como ves hay muchas preguntas que se abren. Pero yo insisto en esto: todo tiene que ser ubicado en un contexto político, dentro de una correlación de fuerzas y dentro de una revisión de los discursos, las acciones y las agendas de los actores que la están promoviendo.
Si la creación de instancias de democracia participativa o directa son promovidas por un partido, gobierno o liderazgo con tradiciones populistas; si no hay un reconocimiento de la autonomía y diversidad de la sociedad civil y si todo esto se enmarca en una coyuntura de polarización política nacional, hay razones para preocuparse.
En Honduras ya se ha generado cierto temor en torno a esta ley y a algunos sectores tanto políticos y sociales les preocupa que sea una estrategia para perpetuarse en el poder y arrastrar al país a situaciones como las de Nicaragua.
Como te decía anteriormente, es necesario que se evalúe quién lo está promoviendo en qué contexto y con qué antecedentes otros actores similares lo han promovido. En América Latina ha habido un uso plebiscitario, demagógico y populista del discurso de la participación por gobernantes de derecha o izquierda.
Esa idea de que “la democracia representativa es pura élite corrupta, que no nos representan y ahí está el pueblo bueno al que yo represento y voy a empoderar”, pero no lo empoderas cuando creas instancias participativas dependiente política, legal, administrativa y financieramente del poder estatal. Centroamérica vive ahora un proceso de acelerada degradación de la democracia, con distintas orientaciones ideológicas, ahí tenemos los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Por lo que insistiría a los actores políticos y sobre todo la sociedad civil hondureña a que revisen la experiencia regional: ver dónde ha habido prácticas similares, cuáles tuvieron un desenlace autoritario y cuáles no, qué correlación de fuerza y que actores fueron protagónicos cuando la democracia sobrevivió o mejoró o en las que se degradó y desapareció.
También es importante alertar con sustento, no es repetir la fábula de Pedro y el lobo, diciendo que toda democracia participativa no es más que populismo. Pero tampoco ignorar que la democracia participativa ha sido un acompañante retórico del populismo y del autoritarismo en América Latina, como hemos señalado en algunos textos de mi autoría y de otros colegas referentes del tema como Yanina Welp, David Altman, Alicia Lissidini, entre otros. En cada caso hay que hacer un análisis, una crítica y un posicionamiento con base a evidencias. En la política ni el exceso de indulgencia, ni el exceso de histeria ayudan, la participación ciudadana es algo demasiado serio, importante como para desecharla de plano como sinónimo de populismo, pero también como para no reconocer que ha sido instrumento de manipulación.
Mantener la vigilancia
En todo caso, yo sí diría que, dada la experiencia reciente de Centroamérica, para Honduras yo tendría una voz de alerta más que de beneficio de la duda. Una voz de alerta promoviendo el diálogo, la interpelación, la discusión; que la gente discuta esto pronto y bien, que la sociedad civil -y no solo la clase política- interpele al gobierno, pero con argumentos a partir de elementos muy claros.
Ahora bien, hay otro punto que también ha generado controversia en torno a esta propuesta, que es la derogación de la Ley que creó el FONAC en favor de esta ley de Mesa de Participación Ciudadana, ¿cuál considera usted que sería el motivo de esta acción?
A mí me interesaría ver los análisis de los expertos en democracia participativa y en sociedad civil de Honduras sobre el funcionamiento real del mecanismo que será derogado. En Centroamérica, como parte de una tendencia global, los mecanismos democracia directa participativa, así como en las instancias de consulta y de articulación Estado-sociedad civil surgieron en los años 80 y sobre todo 90, impulsados por la tercera ola democrática, por el discurso de la sociedad civil global y por instancias internacionales que van desde el Banco Mundial hasta diferentes ONGs. Todo eso entra en lo que investigadores como Alberto Olvera, Evelina Dagnino y Aldo Panfichi han llamado la innovación democrática y el proyecto democrático participativo”. Algunas veces esas instancias han sido una especie de cascarones vacíos, burocráticos, tecnocráticos o decorativos, que no han resuelto nada. En una América Latina que atesora una vieja y enorme tradición de crear instituciones que no resuelven nada, para cortar cintas, romper botellas de champan y hacer discursos pomposos que no quedan absolutamente nada. Una suerte de onanismo de la clase política e intelectual.
En Centroamérica, las instancias democráticas participativas y consultivas vinieron con la promesa de ampliar la inclusión en una región desgarrada por guerras civiles y problemas graves de pobreza, desigualdad, déficit de ciudadanía y captura del Estado por las élites tradicionales. Algunas funcionaron mejor y fueron más abiertas; implementaron, por ejemplo, toda la agenda de transparencia, descentralización y de rendición de cuentas de los gobiernos. Por eso es importante ver qué pasó con esa instancia prexistente en el caso concreto de Honduras; que de la sociedad civil evalúe cómo funcionaba en la realidad y no en la norma, si sufría algún desgaste, si había sobrerrepresentación de ciertos actores, si era meramente decorativa. O si en cambio operaba, con todas las limitaciones del caso, como un espacio de real diálogo Estado Sociedad y de empoderamiento de la ciudadanía. O quizás, si estaban las dos lógicas coexistiendo como pasa en muchos casos. Ahora, nada de eso garantiza que la nueva instancia no repita las falencias, solo que con otro color político y que no sea efectivamente un espacio de empoderar a otras élites. Por eso es siempre clave hablar con datos y con evaluaciones y ver en qué momento se propone se propone cada iniciativa.
Yo invitaría incluso a quienes nos escuchan, a quienes nos leen, a que busquen las evaluaciones -me imagino que las hay- del funcionamiento de este espacio anterior y ver cuáles son los argumentos por los cuales el gobierno lo deroga. Porque para yo derogar algo y crear algo -lo que implica papeleo, gastos administrativos notariales, etcétera- tiene que haber una clara y sólida argumentación de que haré algo superior. Si no es pura retórica y entonces yo te diría: ¿por qué tú sustituyes algo que medio funciona por algo que no sabemos si va a funcionar? Pues, insisto, América Latina tiene una tradición enorme de creación de instituciones y siglas que no van a ninguna parte.
Yo creo que esto hay que discutirlo seriamente, pues no hay contradicción entre una discusión rigurosa y una toma de postura cívica activa. Todo lo contrario: creo que una debiera alimentar a la otra. En temas de política, una discusión intelectual rigurosa que no tenga interés en incidir o en hacer algo sobre los problemas de su realidad es como un malgasto de erudición, un conocimiento producido y lanzado al vacío. Pero una acción cívica o política que no se fundamente en datos y análisis, se reduce a una cadena interminable de ocurrencias, tropiezos o a la mera catarsis; incapaz de comprender la naturaleza de los actores, intereses y cambios políticos.
