China, México y Estados Unidos integran hoy una relación trilateral ineludible, donde la política exterior de cada uno difícilmente puede imaginarse sin considerar el impacto que tendrá sobre los intereses del resto.

Durante la última década, este triángulo estratégico se ha tensionado de manera creciente, especialmente desde la primera administración de Donald Trump, cuyo discurso proteccionista inauguró un ciclo sostenido de desconfianza hacia Pekín.

Esta dinámica se profundizó bajo el mandato de Joe Biden, en paralelo al ascenso de la competencia estratégica sino-estadounidense, situando a México en una posición particularmente delicada: adhesión a las prioridades de su principal socio, por un lado, y cuidado de su relación con la República Popular China (RPC), por el otro.

Entre comercio y fentanilo

En este marco, no sorprende que el foco mediático y político sobre la relación China-México-Estados Unidos se haya centrado en dos ejes prioritarios. El primero responde al interés de Washington —acentuado durante la segunda administración Trump— por limitar el acceso indirecto de productos chinos al mercado estadounidense, evitando que México funcione como puente comercial para la introducción de insumos, manufacturas o componentes con origen en China.

El segundo, más sensible aún, se vincula con la agenda binacional contra el fentanilo: un estupefaciente cuyos precursores, según diversos reportes, provendrían de empresas situadas en territorio chino, y cuyo procesamiento y tráfico estarían en manos de cárteles mexicanos que después introducen la droga a Estados Unidos.

La presión estadounidense sobre la política mexicana frente a China se ha intensificado a la luz de estos dos frentes. El equipo de Claudia Sheinbaum llegó a proponer aranceles del 35% a los productos chinos, mientras que durante los primeros meses de su administración se incautaron toneladas de fentanilo y se realizaron redadas contra comercios irregulares de origen chino en la capital del país.

Al mismo tiempo, inversiones chinas en el sector automotriz fueron aplazadas debido al retorno de Trump a la Casa Blanca y a las eventuales represalias que pudiera adoptar frente a la creciente presencia económica de China en México.

Pese a este énfasis casi exclusivo en el comercio y el combate al fentanilo, la estrategia norteamericana parece haber pasado por alto un componente central de la proyección china en el hemisferio: la capacidad de Pekín para tejer redes profundas y duraderas con élites políticas, intelectuales y sociales en la región.

Este mecanismo—ya identificado por el Departamento de Estado como una preocupación de seguridad que ha derivado en sanciones contra actores centroamericanos—ha permitido a China avanzar en una diplomacia de baja visibilidad pero alto rendimiento, sustentada en vínculos institucionales, culturales, educativos y mediáticos que favorecen sus intereses en la región.

El poder ignorado de China

En México, este estilo de diplomacia puede observarse con nitidez en al menos tres frentes: los acercamientos sistemáticos entre élites políticas y el International Liaison Department (ILD) del Partido Comunista Chino (PCCh); los acuerdos entre medios de comunicación nacionales y conglomerados estatales chinos; y la articulación de redes con empresarios, cámaras de comercio y universidades del país. Cada uno de estos frentes cumple una función en la estrategia de Pekín: captación de élites, normalización narrativa e institucionalización cultural.

El primero —el de las élites políticas— es quizá el más sofisticado. El ILD, creado en 1951, opera como el brazo externo del PCCh encargado de relacionarse con partidos políticos extranjeros. A diferencia de los canales diplomáticos convencionales, su objetivo no es administrar relaciones entre Estados, sino forjar lazos ideológicos y personales con quienes ejercen influencia política.

Es un instrumento de poder incisivo: organiza visitas de estudio, intercambios de formación, cumbres partidistas y diálogos estratégicos diseñados para moldear percepciones favorables a China y establecer canales extraoficiales de interlocución.

En México, su radio de acción se ha consolidado con Morena, el PT y legisladores afines. Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya, Sergio Gutiérrez Luna y otros miembros del Grupo de Amistad México–China han participado repetidamente en programas organizados por el ILD y el Politburó del PCCh, reafirmando su compromiso con el “Principio de Una Sola China” y reforzando una relación donde Pekín aparece como un socio pragmático y fiable.

El segundo frente —los medios de comunicación— constituye uno de los instrumentos predilectos del poder incisivo chino. La revista China Today, órgano oficial del PCCh, es un ejemplo claro. No se trata de un simple producto periodístico, sino de una herramienta explícita de propaganda, diseñada para proyectar los logros del Partido-Estado en ámbitos como el desarrollo, la tecnología o la gobernanza. Sus acuerdos con Grupo Reforma y Revista Macroeconómica han permitido que contenidos alineados con el PCCh se distribuyan masivamente y circulen como “información internacional” entre públicos mexicanos.

Por su parte, Canal 6 firmó un convenio con China Media Group (CMG), incorporando documentales y cápsulas culturales producidas por el Estado chino. Su director, Julio César García, ha asistido reiteradamente a foros organizados por el Partido-Estado, como el Chengdu Forum of Journalists y el Belt and Road Forum for Media Cooperation, reforzando una relación de alineamiento discursivo.

A ello se suma la disposición reiterada de periódicos como La Jornada a publicar piezas de opinión firmadas por diplomáticos chinos. Entre otros, destaca el artículo “Taiwán es una provincia de China”, que reproduce fielmente la postura oficial del PCCh sobre la soberanía taiwanesa. Tales mecanismos contribuyen a erosionar el debate democrático, desacreditar a países occidentales y legitimar la política exterior china ante audiencias locales.

El tercer frente —cámaras empresariales, universidades y centros de estudio— representa el anclaje institucional más estable de la presencia china en México. La Mexico-China Chamber of Commerce (MEXCHAM), encabezada por Efrén Calvo y Víctor Cadena, ha promovido la idea de que la relación bilateral es esencialmente complementaria, facilitando contactos con empresas estatales chinas y promoviendo inversiones en manufactura y logística.

En el ámbito académico, el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER) de la Universidad Veracruzana (UV), funcionan como plataformas de difusión cultural y análisis económico, pero también como espacios de legitimación del gobierno chino.

Bajo la dirección de Aníbal Zottele, el CECHIVER se ha vinculado sistemáticamente con entidades chinas y ha difundido contenidos alineados con las narrativas oficiales sobre temas sensibles como Taiwán, Xinjiang y el Tíbet. En paralelo, Enrique Dussel Peters, desde CECHIMEX, ha enfatizado los beneficios económicos del vínculo con China y el éxito del modelo de desarrollo chino, evitando abordar cuestiones relativas al autoritarismo o las violaciones de derechos humanos en ese país —como refleja una entrevista reciente en el programa “Largo Aliento”—.

A ello se suma la presencia de Institutos Confucio en universidades públicas como la UNAM, la UV, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), que actúan como brazos culturales del Estado chino, promoviendo un imaginario positivo sobre el PCCh y soslayando debates críticos sobre su sistema de gobernanza.

Una advertencia para Washington

La eficacia de estas formas de influencia se observa ya en la esfera subnacional. La reciente inauguración de la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, ejecutada en colaboración con la empresa china CRRC y celebrada públicamente por autoridades locales, ilustra cómo las redes tejidas entre élites políticas mexicanas y entidades chinas producen resultados concretos.

Lo mismo ocurre en Veracruz, donde inversiones chinas en el sector de transporte han sido impulsadas activamente por autoridades estatales como la gobernadora Rocío Nahle y el exsenador Ernesto Pérez Astorga, quienes buscan ampliar la cooperación con China en otros rubros.

En este contexto, los actores occidentales —y en particular Estados Unidos— parecen estar ignorando frentes críticos de la avanzada china en México, entre ellos la propaganda, la inserción mediática, la socialización política y la institucionalización cultural, que se despliegan a menudo con ayuda de los ámbitos subnacionales de gobierno.

Estos mecanismos, aunque presentados como herramientas de poder blando, comprometen la seguridad hemisférica tanto como el comercio injusto o el tráfico de fentanilo, pues instauran simpatías políticas, moldean percepciones públicas y reconfiguran el marco cognitivo desde el cual se interpretan las relaciones internacionales.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés por The Diplomat