El 9 de junio de 2023, Expediente Abierto organizó un diálogo entre expertos titulado El doble rasero de la política antilavado del dictador Daniel Ortega, que fue transmitido a través del medio de comunicación Café con Voz. Un panel de amplia experiencia discutió sobre cómo el régimen de Ortega hace un uso instrumental de las regulaciones antilavado para perseguir a quienes considera sus opositores políticos.

Panelistas:

• Martin Laborde, abogado argentino, académico con experiencia en fiscalía y director de la diplomatura de investigaciones de mercados criminales y lavados de activo de la Universidad Católica de Salta, Argentina.
• Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense.
• Javier Meléndez, sociólogo, experto en temas de seguridad y defensa, director ejecutivo de Expediente Abierto. 

Moderador: Luis Galeano, periodista nicaragüense y director de Café con Voz.

Los expertos señalaron que el régimen está utilizando arbitrariamente la legislación que tiene por objeto perseguir el lavado de dinero, al criminalizar a voces críticas y a lideres opositores, mientras perdona o ignora los delitos de operadores políticos corruptos. 

Destacaron que paradójicamente, mientras en 2022 Nicaragua desaparece de la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por supuestamente implementar recomendaciones que el grupo hizo en 2020 para que esta adecuara su legislación a los estándares internacionales, en la práctica dichos estándares no se cumplen, tal y como lo señala la investigación de Expediente Abierto. 

Esta investigación reafirma los resultados de la evaluación que ha realizado el Instituto de Gobernanza de Basilea, en la que se clasifica a Nicaragua entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo, pues la corrupción, la opacidad y el autoritarismo con que el régimen de Ortega se conduce favorece esta valoración negativa.  

El panel hizo un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención sobre la situación de Nicaragua y exhortó a que esto sea abordado en instancias, como la ONU, la OEA o la misma CIDH, para limitar la posibilidad del régimen de Ortega para continuar instrumentalizando los mecanismos antilavado en contra de quienes considera opositores.