La violencia electoral en Honduras se ha consolidado como una característica estructural del sistema político, más que como una serie de hechos aislados. El informe Competir bajo amenaza: Violencia electoral y riesgo político en Honduras (2025) muestra que departamentos como Yoro, Atlántida y Santa Bárbara concentran dinámicas donde economías ilícitas, disputas territoriales y redes político-criminales condicionan la competencia democrática. En este entorno, la coerción se convierte en un mecanismo funcional de regulación política y los procesos electorales se desarrollan bajo riesgo sostenido.

Los casos de Iván Zambrano, Óscar Gerardo Montoya, Óscar Bustillo Oseguera y el atentado contra Nelson Bueso revelan cómo las trayectorias de los candidatos se intersectan con intereses criminales, económicos y partidarios que incrementan su exposición al peligro. Ya sea por vínculos con sectores estratégicos, conflictos ambientales o presencia de economías coercitivas como la extorsión, estos actores enfrentaron riesgos que reflejan la imbricación entre violencia territorial y contienda política.

Frente a esta realidad, el informe enfatiza que la violencia electoral debe ser reconocida como un problema público formal, lo que permitiría una respuesta estatal más coherente y sostenida. Para ello propone crear un Mecanismo Nacional de Prevención y Atención a la Violencia Electoral, articulado entre el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. Este mecanismo debe integrar un sistema de monitoreo y alerta temprana, así como protocolos de protección diferenciada para actores políticos en riesgo, especialmente en zonas marcadas por economías ilícitas.

Solo mediante un enfoque preventivo, coordinado y basado en evidencia será posible reducir el riesgo estructural y fortalecer la legitimidad del proceso democrático hondureño.