Expediente Abierto presentó el informe “Competir bajo amenaza: violencia electoral y riesgo político en Honduras”, una investigación del analista César Santos que examina cómo la violencia, la criminalidad organizada y la fragilidad institucional continúan influyendo en los procesos políticos hondureños. El lanzamiento incluyó un diálogo especializado junto al periodista Óscar Estrada y el académico Lester Ramírez, bajo la moderación de Natalia López, periodista y comunicadora de Expediente Abierto.
El encuentro, abierto al público y disponible en YouTube, buscó ir más allá de un análisis coyuntural. La conversación se centró en entender las dinámicas que han convertido la violencia política en Honduras en un problema estructural, con efectos profundos en la participación ciudadana, la competencia partidaria, la gobernabilidad, la estructura criminal y los procesos electorales. Más que un diagnóstico inmediato, los especialistas ofrecieron un mapa interpretativo para comprender qué factores moldean las condiciones en las que Honduras se acerca, y seguirá acercándose, a cualquier proceso electoral.
Un país donde la violencia se filtra en la política
El informe de Santos parte de una premisa contundente: la violencia electoral no es un fenómeno aislado ni reciente, sino parte de un entramado de conflictividad que se ha arraigado en la vida pública hondureña. En sus observaciones, el investigador destaca cómo distintas formas de coerción, desde amenazas directas hasta presiones territoriales invisibles, terminan afectando la libertad con la que la ciudadanía puede ejercer sus derechos políticos.
Durante la presentación, Santos explicó que el análisis combina cifras, patrones territoriales y testimonios recogidos a lo largo de varios años de trabajo. Uno de los hallazgos más relevantes es que la violencia política crece no solo en momentos de competencia electoral, sino también en los períodos intermedios, cuando las disputas locales, comunitarias o partidarias sientan las bases para futuros escenarios de conflicto.
El investigador subrayó que cualquier conversación sobre elecciones en Honduras debe incluir variables como el control territorial, la presencia de organizaciones criminales y las capacidades, o limitaciones, del Estado para garantizar condiciones de seguridad. “No se puede hablar de comicios sin hablar de poder”, apuntó, enfatizando que, en Honduras, el poder no siempre se juega exclusivamente dentro de las instituciones formales.
La mirada periodística
El periodista Óscar Estrada complementó el análisis desde su experiencia en la cobertura de realidades que rara vez son visibles en la narrativa política oficial. Estrada describió un país donde las comunidades viven bajo presiones múltiples, a menudo simultáneas: fuerzas de seguridad, estructuras criminales, actores políticos locales y, en ciertos casos, intermediarios económicos que buscan influir en la toma de decisiones.
Estrada insistió en que comprender la violencia electoral requiere observar cómo se manifiesta en la vida cotidiana. No siempre aparece como un ataque directo contra un candidato; muchas veces toma la forma de silencios impuestos, retrocesos en la participación comunitaria, miedo a asistir a asambleas y resistencia a involucrarse en proyectos colectivos. “La violencia no solo mata, disciplina durante años. También condiciona, retrae, ordena y dirige”, comentó.
Desde su mirada periodística, señaló que la capacidad de documentar estas dinámicas se ve también afectada por la precarización del oficio y la inseguridad para la prensa. La cobertura electoral, afirmó, “se vive muchas veces caminando sobre una cuerda floja”, donde las líneas entre informar, proteger fuentes y cuidar la integridad personal se vuelven borrosas.
Institucionalidad débil
Por su parte, el académico Lester Ramírez abordó el problema desde la perspectiva de la institucionalidad y las políticas públicas. Explicó que la violencia electoral no se limita a un aspecto policial, sino que está entrelazada con la falta de controles, la debilidad de los organismos electorales, la ausencia de transparencia en la gestión estatal y el deterioro de los espacios de participación ciudadana.
Ramírez detalló cómo la hiperpolitización de las instituciones, la escasez de recursos, la limitada capacidad de investigación estatal y la fragmentación del sistema de justicia obstaculizan cualquier intento de prevenir, investigar o sancionar hechos de violencia política. “Sin instituciones fuertes, la democracia queda desprotegida”, afirmó.
Asimismo, advirtió que la falta de confianza pública hacia las instituciones electorales es uno de los desafíos centrales. Cuando la ciudadanía percibe que los procesos no son claros ni confiables, aumenta el riesgo de conflictividad social, manipulación informativa y disputas entre actores políticos.
Ramírez también enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos que permiten monitorear la violencia en tiempo real, impulsar reformas administrativas y promover la profesionalización de los organismos encargados de la seguridad y la justicia electoral.
Territorialidad, crimen organizado y disputas locales
Uno de los ejes que atravesó toda la conversación fue la tensión entre territorio y política. Santos, Estrada y Ramírez coincidieron en que Honduras vive un proceso donde diversos grupos disputan el control, no solo del espacio físico, sino del tejido social y económico, lo que influye directamente en la vida electoral.
En zonas donde el crimen organizado se consolida como autoridad de facto, la población enfrenta restricciones a su libertad política. Esto afecta la posibilidad de reunirse, expresar preferencias, apoyar candidaturas o incluso participar como voluntarios en mesas electorales. El control territorial también condiciona quién puede hacer campaña y en qué condiciones.
Los especialistas advirtieron que ignorar la relación entre violencia criminal y procesos políticos puede llevar a diagnósticos incompletos. La consolidación de territorios controlados por grupos ilegales no solo afecta la seguridad: socava la competencia democrática y la representatividad.
La ciudadanía en medio de múltiples fuerzas
A lo largo del encuentro, surgió repetidas veces la figura de la ciudadanía como actor vulnerado, pero también como agente clave en cualquier proceso de transformación. Los participantes destacaron la resiliencia de comunidades que continúan organizándose a pesar del miedo, impulsando espacios de diálogo, acompañando iniciativas sociales y defendiendo sus territorios.
Sin embargo, también señalaron que la participación ciudadana enfrenta obstáculos crecientes: intimidación, desinformación, falta de garantías institucionales y una sensación generalizada de desconfianza. La pérdida de espacios cívicos agrava los riesgos, ya que restringe los canales por los que la población puede exigir transparencia, denunciar irregularidades o monitorear el desempeño estatal.
Hacia elecciones más seguras y transparentes: recomendaciones y caminos posibles
El análisis presentado durante el diálogo incluyó una serie de recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones del entorno político hondureño. Entre los elementos señalados como prioritarios se encuentran:
- Fortalecer los mecanismos de prevención y monitoreo de violencia electoral, especialmente en zonas vulnerables.
- Despolitizar las instituciones clave, garantizando independencia, profesionalización y estabilidad.
- Ampliar los espacios de participación ciudadana, asegurando herramientas reales de incidencia y vigilancia.
- Proteger el trabajo periodístico, reconociendo que la libertad de prensa es un componente esencial para procesos electorales transparentes.
- Promover reformas que mejoren la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
- Incrementar la cooperación interinstitucional y regional, entendiendo que los problemas de seguridad y violencia no se detienen en las fronteras.
Si bien los desafíos son significativos, los especialistas remarcaron que existen oportunidades para fortalecer la democracia hondureña y avanzar hacia escenarios menos marcados por la violencia y la incertidumbre. El primer paso, coincidieron, en reconocer la profundización del problema y generar diagnósticos honestos que permitan actuar con evidencia.
Un llamado al diálogo
El evento buscó precisamente abrir ese espacio: un diálogo informado, riguroso y accesible que permita a la ciudadanía y a los diversos actores institucionales comprender mejor el contexto. La propuesta de Expediente Abierto es continuar impulsando análisis, encuentros y procesos de reflexión que sostengan una conversación crítica sobre el futuro político del país.
Los participantes concluyeron que Honduras necesita construir un ecosistema democrático más sólido, donde la seguridad, la transparencia y la participación sean pilares permanentes y no excepcionales. Solo así será posible que la competencia electoral sea realmente libre, plural y representativa.
Para ver el diálogo completo
Si no pudiste acompañar la transmisión en vivo, te invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, donde el diálogo completo, incluyendo la presentación del informe y las intervenciones de César Santos, Óscar Estrada y Lester Ramírez, está disponible para verlo en cualquier momento.
Es un recurso fundamental para quienes buscan entender con mayor profundidad los riesgos y desafíos que enfrenta Honduras.

