Con el propósito de evitar presiones diplomáticas e intentar evitar el escrutinio sobre su deriva autoritaria y violaciones masivas a los derechos humanos, el régimen de los Ortega Murillo ha desarrollado una estrategia de autoaislamiento, retirándose de todos aquellos organismos internacionales que le han criticado e incluso revelado estadísticas que no le favorecen. Esta estrategia incluye la ruptura de relaciones diplomáticas y declaraciones de persona non grata contra embajadores que se atreven a hacer algún señalamiento.

En este sentido, la dictadura denunció, el 19 de noviembre de 2021, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal organismo político del hemisferio encargado de promover la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los Estados miembros. De tal modo, su retiro se hizo efectivo dos años después, el 19 de noviembre de 2023.

En cumplimiento con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana –instrumento mediante el cual los Estados del hemisferio asumieron el compromiso colectivo de defender la democracia representativa–, los órganos políticos de la OEA han dado seguimiento minucioso a los acontecimientos en Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. Lo han hecho motivados por los informes de los órganos técnico-jurídicos del organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Así, la violación sistémica de los derechos humanos y la brutal represión gubernamental contra las protestas obligaron a la CIDH a organizar el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) e instalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI).

Pese a su retiro, Nicaragua no ha logrado impedir el seguimiento de la crisis por parte de la OEA, que ha mostrado una línea consistente de preocupación internacional y ha reafirmado que el país mantiene sus obligaciones internacionales y continúa siendo Estado parte de la Convención Americana. La persistencia de este seguimiento refleja que la crisis nicaragüense ha dejado de ser únicamente un asunto regional para convertirse en un caso que pone a prueba la capacidad de los mecanismos internacionales para responder frente al deterioro democrático y las violaciones masivas de derechos humanos.

Este artículo fue elaborado en el marco de una cooperación entre la Fundación Konrad Adenauer y Expediente Abierto. Las opiniones, análisis y conclusiones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Konrad Adenauer ni de Expediente Abierto.