La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (u OBS, por sus siglas en inglés), es un estudio que la International Budget Partnership lleva a cabo y que su octava edición ha contado con información independiente de 120 países recabadas por investigadores de todo el mundo. Para el caso de Nicaragua, la organización informante ha sido Expediente Abierto, representada por el economista experto en temas presupuestarios, Leonardo Labarca. El día 31 de mayo de 2022, presentó los resultados ante una audiencia de periodistas y actores de interés. 

La encuesta de Presupuesto Abierto es un instrumento único en el mundo que permite comparar de manera autónoma la situación presupuestaria entre países y cuyos resultados se centran en tres pilares o índices:

• Transparencia presupuestaria: observa la suficiencia de la información disponible y su calidad.
• Participación ciudadana: analiza las oportunidades que tiene la ciudadanía de participar del proceso presupuestario, desde su formulación a su auditoría.
• Fortalezas de las instituciones de vigilancia: analiza desde el punto de vista teórico-legal y práctico la capacidad de vigilancia presupuestaria de las instituciones públicas con esta finalidad, que en el caso de Nicaragua lo ejercen la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la Republica (CGR), con la participación de la sociedad civil.

Para evaluar de manera adecuada cada uno de estos pilares, se toma en consideración las recomendaciones y criterios de buenas prácticas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI) y La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT).

Desde 2006 a la fecha, el mudo entero a avanzado hacia una mayor transparencia presupuestaria, no obstante, desde 2019 a la fecha su avance se ha estancado, en parte por efectos de la pandemia que llevó a los gobiernos del global a acelerar los procesos de asignación de recursos y ejecución de gastos. No obstante, dado el avance de la digitalización de los presupuestos nacionales, los puntajes de transparencia no se vieron tan afectados como se pensaría. En cuanto a la participación pública en el proceso presupuestario, esta sigue manteniéndose rezagada.

A nivel mundial, la puntuación promedio de transparencia presupuestaria fue de 45/100, siendo considerada como limitada. En cuanto a la participación ciudadana, su índice promedio fue de 14/100, considerada como poca o nula y solo cuatro países -Corea del Sur, Reino Unido, Nueva Zelanda y Georgia- ofrecen oportunidades moderadas para la participación pública. Sobre la vigilancia presupuestaria, el puntaje fue de 52/100, considera como limitada.

En el caso de Nicaragua, el Índice de Transparencia presupuestaria fue de 42/100, apenas 1 punto arriba que el registrado en la edición de 2019 de la encuesta, pero menor que su máximo de 2015 cuando alcanzó 46/100. En la América Latina, Nicaragua se encuentra rezagada, a penas por delante de El Salvador, Trinidad y Tobago, Bolivia y Venezuela (este último no presenta información). México fue el país de la región que mayor información presupuestaria presenta, alcanzando 82/100.

En cuanto a participación ciudadana, Nicaragua alcanzo solo 7/100, igual que Trinidad y Tobago, y solo por delante de Paraguay (6) y Venezuela (0). El mejor valuado en este aspecto fue Perú con 31/100.

Finalmente, en cuanto a la capacidad de fiscalización por parte de las instituciones formales de vigilancia (Asamblea Nacional y Contraloría General de la República) es limitada, con 59/100. Labarca explicó que esto se debe a que si bien las instituciones estatales tienen bastante poder fiscalizador en teoría; en la práctica, su ejercicio es limitado y la información generada de ello es restringida al público.

La falta de transparencia, de participación ciudadana y una práctica adecuada de fiscalización del presupuesto ciertamente son elementos que, junto con otras decisiones políticas del gobierno nicaragüense, han limitado su acceso a recursos de libre disponibilidad por parte de organismos multilaterales y gobiernos. En cuanto a los préstamos internacionales, el economista Leonardo Labarca puntualizó que Nicaragua ha presentado capacidad de pago y mientras esta característica se mantenga, temas como la falta de transparencia no son necesariamente determinantes para que se le otorgue o no un préstamo a Nicaragua. Sin embargo, este es un factor que juega en contra en relación a las donaciones o fondos en efectivos con los que el gobierno pudiera asignar libremente entre sus gastos presupuestados.

Vea la grabación completa del evento aquí: 

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (u OBS, por sus siglas en inglés), es un estudio que la International Budget Partnership lleva a cabo y que su octava edición ha contado con información independiente de 120 países recabadas por investigadores de todo el mundo. Para el caso de Nicaragua, la organización informante ha sido Expediente Abierto, representada por el economista experto en temas presupuestarios, Leonardo Labarca. El día 31 de mayo de 2022, presentó los resultados ante una audiencia de periodistas y actores de interés. 

La encuesta de Presupuesto Abierto es un instrumento único en el mundo que permite comparar de manera autónoma la situación presupuestaria entre países y cuyos resultados se centran en tres pilares o índices:

• Transparencia presupuestaria: observa la suficiencia de la información disponible y su calidad.
• Participación ciudadana: analiza las oportunidades que tiene la ciudadanía de participar del proceso presupuestario, desde su formulación a su auditoría.
• Fortalezas de las instituciones de vigilancia: analiza desde el punto de vista teórico-legal y práctico la capacidad de vigilancia presupuestaria de las instituciones públicas con esta finalidad, que en el caso de Nicaragua lo ejercen la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la Republica (CGR), con la participación de la sociedad civil.

Para evaluar de manera adecuada cada uno de estos pilares, se toma en consideración las recomendaciones y criterios de buenas prácticas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI) y La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT).

Desde 2006 a la fecha, el mudo entero a avanzado hacia una mayor transparencia presupuestaria, no obstante, desde 2019 a la fecha su avance se ha estancado, en parte por efectos de la pandemia que llevó a los gobiernos del global a acelerar los procesos de asignación de recursos y ejecución de gastos. No obstante, dado el avance de la digitalización de los presupuestos nacionales, los puntajes de transparencia no se vieron tan afectados como se pensaría. En cuanto a la participación pública en el proceso presupuestario, esta sigue manteniéndose rezagada.

A nivel mundial, la puntuación promedio de transparencia presupuestaria fue de 45/100, siendo considerada como limitada. En cuanto a la participación ciudadana, su índice promedio fue de 14/100, considerada como poca o nula y solo cuatro países -Corea del Sur, Reino Unido, Nueva Zelanda y Georgia- ofrecen oportunidades moderadas para la participación pública. Sobre la vigilancia presupuestaria, el puntaje fue de 52/100, considera como limitada.

En el caso de Nicaragua, el Índice de Transparencia presupuestaria fue de 42/100, apenas 1 punto arriba que el registrado en la edición de 2019 de la encuesta, pero menor que su máximo de 2015 cuando alcanzó 46/100. En la América Latina, Nicaragua se encuentra rezagada, a penas por delante de El Salvador, Trinidad y Tobago, Bolivia y Venezuela (este último no presenta información). México fue el país de la región que mayor información presupuestaria presenta, alcanzando 82/100.

En cuanto a participación ciudadana, Nicaragua alcanzo solo 7/100, igual que Trinidad y Tobago, y solo por delante de Paraguay (6) y Venezuela (0). El mejor valuado en este aspecto fue Perú con 31/100.

Finalmente, en cuanto a la capacidad de fiscalización por parte de las instituciones formales de vigilancia (Asamblea Nacional y Contraloría General de la República) es limitada, con 59/100. Labarca explicó que esto se debe a que si bien las instituciones estatales tienen bastante poder fiscalizador en teoría; en la práctica, su ejercicio es limitado y la información generada de ello es restringida al público.

La falta de transparencia, de participación ciudadana y una práctica adecuada de fiscalización del presupuesto ciertamente son elementos que, junto con otras decisiones políticas del gobierno nicaragüense, han limitado su acceso a recursos de libre disponibilidad por parte de organismos multilaterales y gobiernos. En cuanto a los préstamos internacionales, el economista Leonardo Labarca puntualizó que Nicaragua ha presentado capacidad de pago y mientras esta característica se mantenga, temas como la falta de transparencia no son necesariamente determinantes para que se le otorgue o no un préstamo a Nicaragua. Sin embargo, este es un factor que juega en contra en relación a las donaciones o fondos en efectivos con los que el gobierno pudiera asignar libremente entre sus gastos presupuestados.

Vea la grabación completa del evento aquí: